El “gasolinazo” en México provoca reacciones contra la inflación

Tras terminar el año 2016 con el más alto índice de inflación desde 2014 y con el compromiso del Gobierno de que el aumento de tarifas no afectaría a su economía, México comenzó 2017 con una protesta nacional contra el “gasolinazo”, el nombre que le han dado los medios y la población a los nuevos precios de los combustibles. Diversas organizaciones civiles -campesinas, transportistas, políticas y sociales- así como usuarios de las redes sociales hicieron sentir su protesta en una decena de estados del país, anunciando que continuarán con las manifestaciones durante todo el mes de enero. Un aumento anunciado En la última semana de diciembre, la Secretaría de Hacienda anunció un alza en los precios de los combustibles de entre un 14,2 y 20,1% (el “gasolinazo” propiamente dicho) que le permitiría recaudar un 40% más de lo que obtuvo en 2016 en concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El Gobierno dijo entonces que no había razón para que tal medida provocara “un proceso desordenado de incremento de precios”. Frente a las reacciones de la primera semana de enero, el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, dijo que se trata de una “liberación de los precios” que “desafortunadamente coincidió con un incremento relevante en los precios del WTI y del Brent” (México debió importar de Estados Unidos el 70% de las gasolinas a un precio que aumentó 18,2% en dólares en el curso de 2016, un incremento en moneda local del 41%). No obstante, señaló el funcionario, “el Banco de México ha hecho una buena labor para evitar que estos incrementos pudieran afectar de manera importante los precios de otros bienes y servicios” y recordó que “en años anteriores, cuando aumentaban los precios de la gasolina y el diésel, la inflación estaba entre 3,5 y 4,5%” (ahora es de 3,4%). Frente impositivo Analistas privados estimaron que los nuevos precios le permitirán a la Secretaría de Hacienda recaudar, a través del IEPS, un volumen extra de 3.400 millones de dólares, que equivale a un 40% más que en 2016. Sin entrar en esas distinciones técnicas, los manifestantes piden que el Gobierno anule los aumentos, que han sido de 14,2%, 16,5% y 20,1% para las las gasolinas Magna, Diésel y Premium, respectivamente. Dirigentes empresariales, por su parte, propusieron al Gobierno que reduzca el incremento para minimizar el impacto en los consumidores finales. Hacienda respondió que, de registrarse una presión inflacionaria, “los apoyos vinculados a los programas de combate a la pobreza van a tener una actualización en el monto que se destina”, pero que no habrá marcha atrás sobre los precios ni el proceso de la liberación de los mismos.