El Partido Popular evita el embargo de su sede depositando la fianza impuesta por el juez De la Mata de 1,2 millones de euros. La fianza se ha depositado a través de dos avales del Banco Popular. Los avalistas acudirán el próximo lunes a la Audiencia Nacional para ratificar en persona la operación. El pasado […]
Dirigentes Digital
| 04 jun 2016
El Partido Popular evita el embargo de su sede depositando la fianza impuesta por el juez De la Mata de 1,2 millones de euros. La fianza se ha depositado a través de dos avales del Banco Popular. Los avalistas acudirán el próximo lunes a la Audiencia Nacional para ratificar en persona la operación.
El pasado día 23 de mayo, el juez de la Audiencia Nacional dio al PP 10 días para depositar la fianza o la formación sería embargada como responsable civil subsidiaria de los delitos que se achacan a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, al exgerente Cristóbal Páez y a la empresa que realizó las obras de la sede de Génova 13, pagadas en negro. Y es que, ya que no se habían abonado totalmente las fianzas impuestas a estos principales acusados, el juez decidió entonces obligar al PP a pagar esta cantidad.
El Partido Popular recurrió esta decisión pocos días después, aunque en un principio ya había anunciado que abonaría el dinero solicitado por el juez. La formación de Mariano Rajoy sostiene en su defensa que el juez De la Mata no ha tenido en cuenta la rebaja que se le hizo a cada uno de los acusados de unos 570.000 euros a la hora de calcular la cuantía final solicitada al partido.
Además, el PP defendía en su recurso de reposición que los acusados habían acreditado disponer de bienes por valor de 15,6 millones de euros de un total de cerca de 40 millones que debían depositar. "El juzgado cuenta con bienes por un valor mínimo de 15,6 millones de euros para cubrir la cuantía de 1,24 millones, la cual, una vez cubierta por uno de ellos ya no será exigible a los otros acusados, ya que la responsabilidad civil es conjunta y solidaria", argumentó entonces el PP. Pese a haber pagado la cuantía exigida, los populares defendían que exigir la fianza al resto de responsables civiles "supondría un enriquecimiento injusto de la administración".