La crisis financiera de 2008 comprometió desde su inicio un gran volumen de recursos públicos como resultado de los esfuerzos de los gobiernos para estabilizar y reestructurar el sistema financiero. El apoyo se instrumentó a través de un amplio rango de medidas; que van desde los préstamos directos a entidades, garantías, recapitalizaciones y medidas de […]
Dirigentes Digital
| 06 abr 2017
La crisis financiera de 2008 comprometió desde su inicio un gran volumen de recursos públicos como resultado de los esfuerzos de los gobiernos para estabilizar y reestructurar el sistema financiero. El apoyo se instrumentó a través de un amplio rango de medidas; que van desde los préstamos directos a entidades, garantías, recapitalizaciones y medidas de saneamiento de activos. Además, estos “rescates” y sus efectos fueron variando entre países en función de la intensidad con la que la crisis se cebó sobre ellos y por la exposición natural de sus entidades al riesgo. En este sentido, independientemente del coste bruto, las consecuencias de las intervenciones dependen del tamaño de cada economía, de su nivel de endeudamiento de partida y de la recuperación de las inversiones iniciales. Así, Irlanda y España fueron los países que más incrementaron su déficit como consecuencia de los recates a la banca, ambos por encima de los 45.000 millones de euros, según un estudio publicado por el Banco de España (BdE) en base a los datos de Eurostat. Entre 2008 y 2015, las ayudas públicas al sector financiero han generado un déficit cumulado de 200.000 millones de euros en la zona euro (2% del PIB). 
Si se relaciona el incremento del déficit con el tamaño de la economía, Irlanda fue el país que soportó un mayor coste (28% PIB), seguido por Grecia (17%) y Eslovenia (14%). En el otro extremo, en Dinamarca, Francia, Luxemburgo y Suecia el impacto sobre el saldo presupuestario fue ligeramente positivo, fruto de los ingresos percibidos como contraprestación de las ayudas. En este sentido, la zona euro ha experimentado una retirada gradual de la exposición del sector público al bancario y una reducción de las obligaciones comprometidas. Las reducciones en este sentido han sido muy notables en Dinamarca, donde el endeudamiento que provocaron las intervenciones ha desaparecido casi por completo, en Reino Unido, Holanda, Bélgica e Irlanda, donde se ha reducido a casi la mitad, y en Alemania, donde ha caído cerca del 40%. Por el contrario, las reducciones han sido muy pequeñas en España y en Eslovenia, mientras que en 2015 el endeudamiento público por el rescate bancario continuó aumentando en Grecia, Chipre, Portugal y Austria. Tras la quiebra de Lehman Brothers, la Comisión Europea (CE) decidió formalizar un marco específico para la acción urgente de los Gobiernos ante los desequilibrios en el mercado financiero. Esta se articuló a través de la “Comunicación bancaria” de octubre de 2008, que se amplió con otras tres en 2009. Sólo entre septiembre de 2008 y diciembre de 2010, la CE autorizó ayudas de las que se beneficiaron hasta 215 instituciones financieras, por un importe global asignado de 4,3 billones de euros. Más tarde, la Directiva de Reestructuración y Resolución Bancaria (BRRD) de 2013, se propuso repartir las cargas de los rescates entre los accionistas y los acreedores y los condicionó a la presentación de un plan de reestructuración que permitiera cuantificar las ayudas públicas.
