El TSJA ha acordado por unanimidad proponer al CGPJ que el juez de refuerzo hasta ahora del juzgado 6 de Sevilla, Álvaro Martín, sea el único comisionado para colaborar con la titular, María Núñez Bolaños, en las macrocausas, entre ellas la de los ERE y la de los cursos de formación. Según una nota informativa […]
Dirigentes Digital
| 13 oct 2015
El TSJA ha acordado por unanimidad proponer al CGPJ que el juez de refuerzo hasta ahora del juzgado 6 de Sevilla, Álvaro Martín, sea el único comisionado para colaborar con la titular, María Núñez Bolaños, en las macrocausas, entre ellas la de los ERE y la de los cursos de formación.
Según una nota informativa del TSJA, la sala de gobierno entiende "conveniente" el plan de refuerzo inicialmente diseñado para el juzgado, consistente en que Alaya quedara al mando del sumario de los ERE y del delito societario de Mercasevilla, este a punto de acabar. Los magistrados de la sala añaden un pero que hace variar la primera decisión "por las especiales circunstancias que concurren, determinadas por vicisitudes posteriores al primitivo acuerdo de 23 de junio".
El escrito no aclara cuáles han sido estas vicisitudes, pero desde que la jueza Núñez dividió la causa de los ERE en tres partes en contra del criterio de Alaya cuando asumió la titularidad del juzgado con su marcha. Alaya acusó a su compañera de incompetente porque provenía de un juzgado de familia, y le atribuyó falta de imparcialidad por su amistad con el consejero de Justicia, en un escrito al CGPJ. Núñez contestó con otro escrito la dificultad de compartir trabajo con Alaya.
El alto tribunal ha optado por apartar de forma definitiva a Alaya y propone que el juez Álvaro Martín, que fue refuerzo de Alaya para el trabajo ordinario del juzgado y luego ha seguido con Núñez, quede "integrado plenamente en el refuerzo para la tramitación de tres macrocausas (ERE, cursos y avales y préstamos concedidos por IDEA), todo ello "sin perjuicio de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura".
Instrucción polémica
Mercedes Alaya ha sido duramente criticada por la instrucción del macrocaso por alargarlo y evitar en varias ocasiones que pasara a otras instancias. También ha sido duramente calificada desde el frente político al poner contra las cuerdas al Ejecutivo socialista andaluz. La jueza ha imputado a dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a ocho exconsejeros de sus gobiernos y a otra treintena de altos cargos por las ayudas concedidas para empresas en crisis y sus trabajadores. Un total de 850 millones de euros concedidos desde 2001 a 2012 que, según Alaya, se hizo sin procedimiento legal con el objetivo de salvar su concesión arbitraria. La causa se encuentra en un momento crucial, ya que los expresidentes y siete exconsejeros han dejado de estar aforados y por tanto el Tribunal Supremo y el TSJA han remitido los procedimientos contra ellos al juzgado de Sevilla.
