El Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR) del Consejo General de Economistas ha realizado un nuevo informe comparativo sobre el número de concursos en los principales países europeos y su evolución en el año 2016. La principal es que España tiene una evolución peculiar en cuanto al número de concursos de acreedores con respecto a otros países europeos. Por un lado, España es el país de la Unión Europea (entre los siete países analizados: Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia) en el que se ha producido en 2016 el mayor descenso en cuanto al número de concursos respecto al año 2015 (-20%). En otros países europeos (como Francia, Alemania e Italia) también disminuyeron, pero dentro de cifras más moderadas, inferiores al 11%, que es lo habitual. Del informe se pueden extraer otras conclusiones: la cifra de concursos de empresas en España (4.080 anuales en 2016) continúa siendo inferior a los de otras economías de Europa (Francia, cerca de 58.000; Alemania, 21.518; Reino Unido, 16.502; Portugal, algo más de 7.000, y Dinamarca, 6.674).  Hay que destacar el caso de Portugal, país cuyo PIB es 6 veces inferior al de España y con 4 veces menos de población, pero que casi nos dobla en número de concursos. Por otra parte, se observa una cierta correlación entre el incremento porcentual del PIB –una de las variables que se utilizan para observar el crecimiento económico– y la disminución en el número de concursos: España, con un crecimiento del PIB del 3,2% en 2016, presenta una disminución concursal en dicho año del 20%; Alemania crece un 1,9% y disminuyen los concursos un 9%; en Francia su PIB se incrementa un 1,2% y bajan los concursos un 8%; así como en Italia, cuyo PIB sube un 0,9% y se reducen los concursos de acreedores un 8,6%. Según se puede observar, el porcentaje de disminución concursal por el aumento del PIB es mucho mayor en España que en otros países. No obstante, en los países escandinavos y del Norte de Europa, como Finlandia y Dinamarca, no se observa de forma tan clara dicha correlación. Otra conclusión importante del informe es que los países europeos más desarrollados tienen, por regla general, una evolución concursal más constante y uniforme, incrementándose su porcentaje en unos intervalos de +-11%. Pero, según afirman los expertos en economía forense, no es habitual que un país tenga sucesivas evoluciones porcentuales por encima de la media europea, como ocurre en el caso de España (que se sale de la media de los países europeos en cuanto a su evolución concursal –decrecimiento del 20% en 2016, e incluso por encima de este porcentaje en años anteriores–). Por otra parte, si se comparan los concursos de acreedores con el número de empresas existentes –independientemente de su tamaño– en los respectivos países (España, 3,1 millones de empresas; Francia, 2,8 millones; Alemania, 3,7; Reino Unido, 3,6; Italia, 3,9, y Portugal, 1,1), se obtienen una serie de ratios, que ponen en evidencia, para el caso de España, que muchas empresas no acuden al concurso, frente a otros países en los que sí se acude a esta vía de resolución de insolvencias. El coeficiente obtenido en España (0,1) es muy inferior y se aleja del de países de nuestro entorno, como Francia (2,1), Alemania (0,6), Portugal (0,8) y Dinamarca (1,4). Los expertos forenses del Consejo General de Economistas ya realizaron este estudio comparativo europeo en años anteriores y, curiosamente, los datos que se obtuvieron ya entonces parecen repetirse e incluso se podría afirmar que, en vez de converger hacia resto de países Europeos, más bien nos hemos alejado de la evolución concursal europea: el número de concursos de acreedores en España debería ser mayor de lo que manifiestan las cifras oficiales, que son demasiado bajas comparadas con otros países europeos, lo que apunta a una economía sumergida de insolvencias que no acaban en concursos, como  muestran los datos del FOGASA. Entre los problemas de nuestro actual sistema concursal, los expertos del REFOR apuntan, entre otros, la lentitud y el elevado coste de los procedimientos concursales, que desincentivan a los empresarios a la hora de acudir a esta vía legal. También creen que sería necesario limitar los privilegios que mantienen los créditos públicos (Hacienda y Seguridad Social) en estos procedimientos.