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"España ha demostrado solidez institucional"

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia con honores, María Emilia Adán pasó a formar parte del cuerpo de registradores en 1988. Desde entonces, ha dedicado toda su trayectoria profesional a este ámbito legal, principalmente, en la Comunidad Valenciana, donde desempeñó el cargo de directora del Centro de Estudios Registrales entre el período 2002-2010, […]

Dirigentes Digital

13 feb 2018

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia con honores, María Emilia Adán pasó a formar parte del cuerpo de registradores en 1988. Desde entonces, ha dedicado toda su trayectoria profesional a este ámbito legal, principalmente, en la Comunidad Valenciana, donde desempeñó el cargo de directora del Centro de Estudios Registrales entre el período 2002-2010, año en qué pasó a ejercer como decana autonómica del Colegio de Registradores en dicha región. Un puesto que dejó  el pasado diciembre tras convertirse en la máxima responsable de esta institución colegial, después de ser elegida por sus compañeros. A caballo entre Madrid y Valencia, en su entrevista a DIRIGENTES habla de esta nueva etapa en la que su equipo trabajará por hacer la ley del crédito inmobiliario más favorable para el consumidor final. Primera mujer en acceder al cargo. ¿Qué supone este paso? Es un gran honor que mis compañeros hayan confiado en mí para ser la nueva decana de los registradores en los próximos cuatro años. Espero desempeñar mi cargo de manera eficiente para los colegiados en beneficio de toda la sociedad. Durante el cuarto trimestre de 2017 la creación de sociedades en Cataluña experimentó una reducción del 18,3%. ¿Se mantendrá esta tendencia a lo largo de 2018?  Es una tendencia contraria a la de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que tiene un tamaño similar, pero que no está en línea con el crecimiento económico general. Por tanto, se aprecia con claridad que se encuentra relacionada con el panorama político. A lo largo de este año, si se aclara adecuadamente la situación en Cataluña, como espero y deseo, esta tendencia negativa debería revertirse gradualmente. ¿Qué comunidades  han sido las más beneficiadas de la inestabilidad política de Cataluña? Desde el punto de vista registral, si medimos el impacto en traslados de sede social de empresas, la más beneficiada ha sido la Comunidad de Madrid, que ha recibido casi 1.500 empresas de Cataluña, incluyendo entre ellas las de mayor tamaño. Las otras beneficiadas han sido las comunidades de Valencia (279), Aragón (194), Andalucía (165) y Baleares (134). ¿En qué medida esta situación puede afectar el crecimiento económico de España? El peso de Cataluña, en términos de PIB sobre el total español, es de aproximadamente un 19%, por lo que en un caso extremo podría afectar al crecimiento un máximo de medio punto, aunque hasta el momento actual los efectos han sido pequeños, fundamentalmente, por haber afectado solo al cuarto trimestre y porque España ha demostrado una solidez institucional que ha sido reconocida de forma tangible por los mercados, que mantienen la prima de riesgo de nuestra deuda por debajo de los 80 puntos básicos, es decir, históricamente baja. En España algunos propietarios ya aceptan bitcoin en la transacción de una vivienda. ¿Qué impacto puede tener en la actividad de los registradores? El bitcóin, a día de hoy, carece por completo de regulación, no está respaldado por ningún activo tangible  y su volatilidad es absolutamente desproporcionada, por lo que se desaconseja para ser usado en transacciones de bienes de elevado valor como es una vivienda. ¿Qué pone de manifiesto el hecho de que el precio de la vivienda registre crecimientos de dos dígitos? Los crecimientos de dos dígitos solo se están produciendo en determinadas zonas de elevada demanda y nula construcción en los últimos años, como son algunos barrios del centro de Madrid, por ejemplo, y no son hoy en día generalizadas las subidas de esta índole. Nuestro Índice de precio de vivienda Case & Shiller, hasta el tercer trimestre, indicaba que el año pasado el precio de la vivienda en España subía a un ritmo interanual del 6,82%. Durante 2017 el Centro Registral Antiblanqueo ha investigado 15.000 comunicaciones de posibles lavados de dinero. ¿Se está combatiendo de manera eficaz esta práctica? Durante el año 2017 se han remitido al Centro Registral Antiblanqueo 15.400 comunicaciones procedentes de los diferentes Registros de España. Una vez examinadas en el Centro, se procedió a comunicar al SEPBLAC 180 expedientes con indicios sólidos de posible blanqueo de capitales. En el ámbito registral, es indudable que la colaboración que se puede prestar desde cada Registro es cualitativamente muy inferior a la que se puede articular a través del Órgano Centralizado de Prevención, cuya función principal es intensificar y canalizar la colaboración de los Registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En los últimos años la implicación de la sociedad civil en este ámbito ha aumentado considerablemente. No hay más que ver los sujetos obligados listados en el artículo 2 de la Ley 10/2010, pero hay que ir a más. Los organismos internacionales han destacado la importancia creciente que tienen las sociedades como instrumento jurídico para la colocación de los fondos procedentes del delito. En este sentido, los Registros jurídicos españoles tienen mucho que aportar, y por ello es imprescindible superar la situación actual en la que nos encontramos, utilizando todos los medios de los que disponemos, que son muchos, de manera que el sistema de identificación del titular real resultante de la transposición de la IV Directiva suponga eficiencia, exactitud e inmediatez en la información, entendiendo todo ello como eficacia en la lucha contra el crimen organizado, evitando que se realicen en España operaciones opacas con más facilidad que en el resto de los países de la Unión Europea, permitiendo la identificación correcta de los bienes procedentes del delito y logrando la recuperación de los mismos para evitar su reinversión en activos que continúen financiando la actividad delictiva perseguida.  

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