Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han aprobado impulsar la transparencia frente a las prácticas de elusión fiscal. En concreto, han alcanzado un acuerdo que tiene por misión obligar a las empresas a informar a los estados cuando estos lo requieran. No es extraño que desde Bruselas se pretenda frenar la contabilidad creativa de las empresas. Solamente en Europa se calcula que 2,6 billones de dólares del patrimonio financiero privado se mantienen en paraísos fiscales, lo que genera pérdidas de ingresos fiscales globales de 78.000 millones de dólares al año, según el estudio "La riqueza oculta de las naciones: el azote de los paraísos fiscales", de la Universidad de California. La norma pretende reducir la incidencia de las evasiones del impuesto de sociedades. De esa forma, según comunica el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, se obligará a los intermediarios como los asesores fiscales, contables y abogados a prestar información acerca de cómo realizan sus planificaciones fiscales. Los estados podrán acceder a la planificación fiscal para descubrir mecanismos “potencialmente agresivos”. Vladislav Goranov, ministro de Hacienda de Bulgaria y máximo dirigente del Ecofin, afirma que gracias a esta medida las autoridades podrán actuar antes de que se pierdan ingresos. En ese sentido, cree que “aumentar la transparencia resulta fundamental” para luchar contra la evasión fiscal. La pretensión desde Bruselas es crear una base de datos centralizada donde los estados puedan intercambiar información. Por medio de ese mecanismo se espera que los estados puedan detectar antes los riesgos, además de proporcionar la posibilidad de bloquear “mecanismos perniciosos”. La novedad de este proyecto es que pone el foco en los intermediarios, por lo que la responsabilidad recae directamente sobre ellos. Así, los estados miembros tendrán la obligación de sancionar a los intermediarios que no faciliten el acceso a la información e incumplan las medidas de transparencia. El organismo reconoce las dificultades que encuentran los estados para proteger los impuestos por la complejidad de las estructuras de planificación fiscal transfronteriza. La directiva está encaminada a ofrecer “un mejor control de las actividades de los intermediarios fiscales”. Anteriormente, en un informe realizado por la Comisión de Investigación del blanqueo de capitales y la elusión y evasión fiscales, se lamentaba la falta de jurisdicción de los estados sobre los intermediarios. Por citar un ejemplo, sobre los abogados se afirma que "en muchos Estados miembros, no puede sancionarse a los abogados por aconsejar a los no residentes sobre cómo evadir impuestos o blanquear capitales en otra jurisdicción de acuerdo con el principio de territorialidad". La directiva apunta en dicha dirección, ya que " los intermediarios ayudan a constituir sociedades fantasma". Aun así, se aclara el hecho de tener que informar no significa que los mecanismos utilizados por las empresas quebranten la ley. Los diferentes gobiernos tendrán de plazo hasta final de año para adaptar los pretextos comunitarios a sus respectivas leyes, de forma que las medidas se aplicará a partir del 1 de julio de 2020.