Según informe Bloomberg, han sido los propios ministros de Finanzas los que han reconocido que no habrá tiempo suficiente para que cada país adapte la normativa para ponerla en práctica en enero de 2017, con lo que están estudiando retrasar un año su implementación. Según los expertos, esto daría más tiempo a las entidades para […]
Dirigentes Digital
| 11 nov 2015
Según informe Bloomberg, han sido los propios ministros de Finanzas los que han reconocido que no habrá tiempo suficiente para que cada país adapte la normativa para ponerla en práctica en enero de 2017, con lo que están estudiando retrasar un año su implementación.
Según los expertos, esto daría más tiempo a las entidades para adaptarse, también en costes y tecnología, a la nueva normativa. Pero por otra, podría ralentizarse el impulso de la reforma, permitiendo a la industria financiera más tiempo para retrasar la aplicación de las medidas.
La enorme complejidad de la legislación y las normas técnicas que la acompañan, además del enorme esfuerzo regulatorio antes de comenzar a operar de manera eficiente bajo la Directiva, ha sido tenida muy en cuenta por la Comisión a la hora de valorar un retraso en la norma.
Aún así, el supervisor europeo (ESMA) y la Comisión Europea debatirán la posibilidad de este retraso en el Parlamento Europeo y los distintos Estados, por lo que todavía no es seguro que no vaya a aplicarse a partir de enero de 2017 como estaba previsto.
En caso contrario, las entidades respirarán algo más aliviadas, especialmente por no tener que aplicar las nuevas normas sobre retrocesiones o sobre los análisis de terceros, tan criticadas en los últimos meses por poner en jaque la supervivencia de las firmas de asesoramiento financiero de menor tamaño. Según indica Bloomberg, la presión de la banca española, especialmente por el tema de las retrocesiones y las normas relativas a la transparencia en la negociación de los bonos.
Los rebates, en espera
El asesoramiento financiero se enfrenta a un cambio de modelo con el previsible fin de las retrocesiones con la llegada de MiFID II. Todo un reto teniendo en cuenta que, según las estadísticas trimestrales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las gestoras españolas de fondos retroceden un 65,3% de media de los ingresos por comisión de gestión al comercializador.
La retrocesión es la parte de la comisión de un fondo que pasa al comercilizador, bien sea una entidad, un asesor de banca privada o una Eafi. La intención de MiFID II es eliminar esos conflictos de interés por los que los comercializadores apostasen por recomendar un producto u otro en función del rebate percibido.
En realidad, no se trata de prohibir el cobro de las retrocesiones, sino que obligará a mostrar la comisión que los asesores financieros perciben de sus clientes, al igual que las entidades por su distribución y las gestoras por su gestión. El problema es que estas comisiones, que de media suponen un 65,3%, superan en muchos casos esa cifra. Y esto podría perjudicar a la cuenta de resultados de las entidades.
Así, todo apunta a un proceso de consolidación en la industria de servicios de inversión. Según diversos estudios, la nueva regulación abocaría a la desaparición a aquellas que cuenten con unos activos de clientes bajo gestión inferiores a los 10.000 millones de euros. Al menos ese es el cálculo más reciente realizado en un reciente informe elaborado por la consultora McKinsey & Co, en el que asegura que "la presión en los márgenes de beneficio forzará a la banca privada a reducir costes y revisar" el número de centros en los que operar.
