Los escándalos de los trajes a medida de las grandes multinacionales en Europa no había salpicado a España. La investigación de la Comisión Europea se cernían sobre Luxemburgo, Irlanda, Holanda y Bélgica, sin embargo hoy ha anunciado ir más allá pidiendo información a quince Estados miembros, entre los que está incluida España. El Ejecutivo comunitario […]
Dirigentes Digital
| 08 jun 2015
Los escándalos de los trajes a medida de las grandes multinacionales en Europa no había salpicado a España. La investigación de la Comisión Europea se cernían sobre Luxemburgo, Irlanda, Holanda y Bélgica, sin embargo hoy ha anunciado ir más allá pidiendo información a quince Estados miembros, entre los que está incluida España.
El Ejecutivo comunitario ha eludido desvelar la identidad o el número de empresas afectadas. Únicamente ha concretado que la solicitud afecta a entre 5 y 10 compañías por Estado miembro y que la selección no se ha hecho al azar sino que responde a que se han detectado elementos sospechosos en el análisis preliminar realizado por Bruselas.
De hecho, la Comisión ya pidió en diciembre del año pasado a todos los Estados miembros que le remitieran información sobre sus prácticas en materia de decisiones tributarias anticipadas (‘tax rulings‘) así como una lista completa de los acuerdos vigentes. Tras examinar estos datos, Bruselas reclama ahora el texto de los acuerdos que le generan más dudas.
Hasta la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, despejó dudas sobre España en una reciente visita al país al afirmar que no tenía dudas sobre las decisiones tributarias anticipadas de España. Sin embargo, su departamento ha incluido a España en la lista. También ha pedido información a Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Lituania, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Suecia.
"Queremos analizarlas muy cuidadosamente para determinar si los Estados miembros utilizan las decisiones fiscales anticipadas para conceder a las empresas ventajas fiscales selectivas que vulneran las reglas de la UE en materia de ayudas públicas", ha dicho Vestager en un comunicado.
El hecho de solicitar estos acuerdos fiscales no prejuzga si ello conducirá a la apertura de investigaciones en materia de ayudas públicas contra las empresas beneficiarias, según ha aclarado Bruselas.
El Ejecutivo comunitario ha ordenado además a Estonia y Polonia que le envíen en el plazo máximo de un mes información completa sobre sus prácticas en materia de ‘tax rulings‘. Estos dos países no respondieron adecuadamente a la petición de datos del pasado diciembre y Bruselas les amenaza ahora con enviarlos al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. En Bulgaria, Croacia, Grecia, Letonia y Eslovenia, la Comisión no ha visto motivos para solicitar información adicional.
