La Comisión Europea ha iniciado el pasado día 23 un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado a la legislación nacional la cuarta directiva europea sobre blanqueo de capitales. La normativa se aprobó en 2015 y los países comunitarios debían incluirla en su legislación antes del pasado 26 de junio. Bruselas ha remitido cartas al gobierno español y al […]
Dirigentes Digital
| 30 nov 2017
La Comisión Europea ha iniciado el pasado día 23 un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado a la legislación nacional la cuarta directiva europea sobre blanqueo de capitales. La normativa se aprobó en 2015 y los países comunitarios debían incluirla en su legislación antes del pasado 26 de junio. Bruselas ha remitido cartas al gobierno español y al de Portugal para amonestarles por no haber trasladado “totalmente” las disposiciones de la directiva. Las autoridades europeas inician así un expediente de infracción que puede finalizar con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE si ambos países persisten en la infracción. La comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, ha criticado el retraso del gobierno español para acatar las leyes europeas e incluirlas en su ordenamiento jurídico para garantizar que se están llevando a cabo todos los esfuerzos posibles para luchar contra la corrupción, la evasión de impuestos y la financiación de actividades ilícitas. “Apremio a España a aprobar las nuevas reglas contra el blanqueo de capitales lo antes posible. Una transparencia más estricta ayudará a cortar la financiación terrorista y a mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal”, ha afirmado Jourova. El eurodiputado de Iniciativa, Ernest Urtasun, ha tildado de “inaceptable” que “un país con un problema grave de economía sumergida y que ha sido azotado brutalmente por el terrorismo como España” no haya incluido en su legislación la directiva europea contra el blanqueo de capitales pese a tener más de dos años para hacerlo. Bruselas ya envió en julio cartas de emplazamiento a Bulgaria, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia y Finlandia por no haber comunicado la trasposición de las nuevas normas y a Irlanda, Letonia y Eslovaquia por haberlo hecho sólo de forma parcial.
