Fomento intenta apaciguar al sector del taxi

El ministerio de Fomento, con el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Julio Gómez-Pomar a la cabeza, se reunirá este lunes con la agrupación de asociaciones de taxistas Fedetaxi para establecer una mediación que permita facilitar la convivencia de este sector con las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC). El encuentro se enmarca dentro de las consultas que está llevando a cabo el Gobierno para la redacción de un Real Decreto que regulará las condiciones de trabajo de empresas de VTC como Uber o Cabify para intentar zanjar el conflicto abierto con el sector del taxi. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar esta normativa antes de final de año y buscará que garantice el cumplimiento de la legalidad vigente por parte de los servicios de VTC. Al mismo tiempo, intentará reducir el impacto de las últimas sentencias judiciales, que han permitido la concesión de nuevas licencias a pesar de superar el ratio establecido. Fomento ha detallado en un comunicado varias de las medidas que incluirá el Real Decreto, asegurando que su intención es impedir “las prácticas especulativas de aquellos que han solicitado licencias de VTC, no con intención de operarlas, sino para lucrarse con su inmediata reventa“.

Para ello, la norma mantendrá la prohibición de captar viajeros en la vía pública, reservado en exclusiva para el taxi. Para garantizar el cumplimento de esta medida, se pondrá en marcha un registro para garantizar que el servicio ha sido solicitado previamente y se realiza en el ámbito territorial permitido por la licencia autonómica correspondiente.

El Real Decreto también determinará que las nuevas licencias concedidas por sentencia judicial, como las que aprobó el pasado miércoles el Tribunal Supremo en la Comunidad de Madrid, cumplan los requisitos de la actual normativa, sin tener en cuenta las leyes vigentes cuando solicitaron la autorización de actividad.

Esta normativa choca con el criterio del Supremo, que determinó en su sentencia la concesión de 80 licencias VTC que la Comunidad de Madrid había rechazado otorgar. El motivo de esta decisión es que las autorizaciones se solicitaron entre 2009 y 2015, cuando entró en vigor el Real Decreto que establece el actual reglamento de la Ley del Transporte Terrestre, que estableció el ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi.

Según las asociaciones del sector del taxi y los ayuntamientos, entre 6.000 y 10.000 nuevas licencias podrían aprobarse por sentencia judicial tras la resolución del Supremo, que da por bueno el criterio de que no se puede aplicar una normativa de noviembre 2015 a peticiones de autorización de actividad realizadas antes de esa fecha.

Fomento destaca que el Gobierno no tiene capacidad legal de frenar las autorizaciones otorgadas por la vía judicial, aunque se esté incumpliendo el ratio fijado. Sin embargo, la Administración General del Estado se ha personado en estos procesos judiciales para evitar que se concedan nuevas licencias.

En el proceso también ha participado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque para argumentar que se están imponiendo requisitos desproporcionados a las empresas de alquiler de vehículos con conductor. Por ello, la CNMC ha demandado ante el Supremo la anulación de parte de la Ley de Transporte Terrestre que regula la actividad de las VTC.

En su sentencia de la pasada semana, el tribunal no ha entrado a valorar la legalidad de esa normativa ya que asegura que no entra en el marco de su investigación en este caso. Sin embargo, la diferencia de posturas entre Fomento y la CNMC augura que el conflicto en el transporte privado de viajeros está lejos de cerrarse.