El pasado miércoles se celebraron los primeros cien días de Tsipras al frente del Gobierno griego. Casi cuatro meses repletos de idas y venidas y de donde lo único que se saca en claro, es que no han llegado a un acuerdo con sus acreedores, y el tiempo se acaba para la izquierda helena. La […]
Dirigentes Digital
| 10 may 2015
El pasado miércoles se celebraron los primeros cien días de Tsipras al frente del Gobierno griego. Casi cuatro meses repletos de idas y venidas y de donde lo único que se saca en claro, es que no han llegado a un acuerdo con sus acreedores, y el tiempo se acaba para la izquierda helena.
La primera ‘ocurrencia’ del presidente griego para poder hacer frente a los primeros pagos de la deuda, fue obligar a las entidades locales a entregar sus reservas en efectivo. Pero esto, es sólo un parche, teniendo el poco tiempo que queda y el tortuoso ritmo al que avanzan las negociaciones. Según creen los analistas de J.P.Morgan, "ahora mismo existe una posibilidad del 50% de una quiebra soberana griega".
Por su parte, el Gobierno griego y su ministro de Finanzas Janis Varoufakis ven la situación de una manera muy distinta. Ellos han acusado a sus interlocutores institucionales de estar tan divididos que hacen imposible un acuerdo. El Gobierno heleno apunta a las divergencias entre el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea como las detonantes del ansiado acuerdo. Según esta versión, el FMI quiere poner el acento en la reforma del sistema de pensiones y la Comisión en los recortes presupuestarios. Varoufakis, que se encuentra de gira por Europa para explicar su versión se lo que está sucediendo, según la cual este lunes se constatarán los grandes avances de las negociaciones, llegó el pasado viernes a España. A la salida de la reunión con su homólogo español Luis de Guindos, el ministro griego indicó que habrá acuerdo con sus acreedores oficiales este mes de mayo, "pero no se espera que sea el lunes".
Estas palabras, y las últimas declaraciones de los líderes europeos dejan entrever por el contrario que el ‘trato’ cada día está más lejos, sobre todo si Atenas continúa negándose a presentar a los ministros de Finanzas de la zona euro un proyecto de reformas económicas. Más bien todo lo contrario, Tsipras ha readmitido a 3.900 empleados públicos griegos, tras el proyecto de ley que presentó el Gobierno de Syriza en el Parlamento heleno.
Se trata de guardianes escolares, profesores de escuelas, empleados administrativos e instituciones académicas del país, así como las 600 limpiadoras del Ministerio de Finanzas que se convirtieron para muchos en el símbolo de las injusticias laborales.
Desde J.P.Morgan creen que Grecia podrá financiarse hasta finales de mayo, pero como muestra el calendario que tiene por delante, sigue habiendo muchos otros pagos en el horizonte. En concreto, este mes Atenas tiene que hacer frente al pago de 1.000 millones de euros al Fondo Monetario Internacional y en julio y agosto, hacer otro desembolso de 7.000 millones. Si el Gobierno griego incumpliera el pago de este segundo tramo de la deuda, las instituciones europeas han dejado clara su intención de bloquear por completo la posibilidad de nuevas líneas de financiación.
Por su parte, Atenas ha reducido de nuevo su pronóstico de crecimiento económico. El Gobierno de izquierdas ha proyectado un crecimiento económico de más de 0,8% este año, muy por debajo del 1,4% estimado en un documento enviado a sus acreedores internacionales en marzo y del 2,9% que había previsto en un plan de presupuesto a fines del año pasado.
Grecia espera que su economía crezca un poco más de un tercio del ritmo estimado inicialmente en su plan de presupuesto para el 2015, según un esquema de reformas elaborado por el Ministerio de Finanzas y publicado el pasado sábado, lo que genera nuevas dudas sobre el rescate financiero que requiere el país.
El plan de reforma elaborado en abril contiene importantes cambios, como la reanudación de las negociaciones colectivas, el impulso del empleo y la adopción de medidas contra el trabajo clandestino, la burocracia y la corrupción. El texto no incluye estimaciones de superávit de presupuesto primario o de crecimiento para los próximos años.