Los ingresos tributarios del Estado crecieron un 2,33% en 2016, en buena parte debido al impuesto sobre sociedades, cuya recaudación anual creció un 5%, hasta alcanzar los 21.678 millones de euros. La buena salud del impuesto, no registraba cifras similares desde 2012, podría verse afectada con el inicio de la campaña el próximo 1 de julio, […]
Dirigentes Digital
| 15 jun 2017
Los ingresos tributarios del Estado crecieron un 2,33% en 2016, en buena parte debido al impuesto sobre sociedades, cuya recaudación anual creció un 5%, hasta alcanzar los 21.678 millones de euros. La buena salud del impuesto, no registraba cifras similares desde 2012, podría verse afectada con el inicio de la campaña el próximo 1 de julio, cuando los pagos fraccionados se descuenten del total a tributar. El departamente fiscal del Consejo General de Economistas (REAF) ha advertido que las cifras de ingresos están “sobredimensionadas”, ya que se ha producido “una subida importantísima en los pagos fraccionados de grandes y medianas empresas”, señala Luis del Amo, secretario técnico del REAF. En contraposición está la ampliación de las bases imponibles aprobada el pasado mes diciembre en el Real Decreto-ley 3/2016, en la que por ejemplo se limita la compensación de bases negativas o las deducciones por doble imposición. Sin embargo, los expertos son incapaces de señalar cual de las dos reformas pesará más, mientras que las previsiones del Gobierno recogen una subida de la recudación del 12,6%, lo que supondrían hasta 24.399 millones para las arcas públicas. La reforma de los pagos fraccionados se recoge en el Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, en el que el Gobierno incrementó el mínimo de los pagos a cuenta del 12% al 23% con vistas a ingresar por adelantado hasta 8.000 millones. Esta medida estará vigente hasta que el déficit público baje del 3%. Sin embargo, estos ingresos adelantados luego son descontados en la declaración anual por las empresas. Por otro lado, el REAF ha hecho hincapié en que el crecimiento constante del censo de empresas declarantes no se corresponde con las cifras de recaudación ni con la situación de crisis pasada. Este registro alcanzó su pico en 2014, cuando se superaron los 1,4 millones, mientras que las cifras de ingresos fueron las segundas peores durante la crisis, tan sólo por detrás de 2011. Este hecho se explica porque más del 50% de las empresas ingresan menos de 60.000 euros y hasta dos tercios menos de 150.000 euros. En la misma línea, siete de cada diez entidade declara bases negativas y una de cada cuatro están inactivas. “Exiten muchas sociedades inactivas que no llegan a liquidarse”, señala Luis del Amo. Respecto a la polémica amnistía fiscal, desde el Consejo sostiene que se podría haber discutido el formato o el tipo impositivo, pero que la regularización era necesaria dada la delicada situación financiera del Gobierno en ese momento. “La sentencia son muchas hojas de valoración ética y moral y una conclusión; el instrumento legal no fue válido. Somos un país que vive por encima de sus posibilidades colectivamente, hay que reducir de alguna manera los déficits”, declara Valentín Pich, presidente del Consejo. Sobre la posibilidad de que la sentencia del TC afecte a aquellos procedimientos abiertos por la Agencia Tributaria antes de la preescripción, los expertos señalan que no creen que tenga consecuencias prácticas, ya que no sería justo que “afectara a unos y no a otros”.