Unos 13,9 millones de personas se convirtieron en nuevos desplazados por los conflictos o a la persecución en 2014, según las cifras del Observatorio sobre el Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego de Refugiados. Entre ellos había 11 millones de nuevos desplazados dentro de las fronteras de su propio país, la cifra más alta nunca registrada, tal y como comenta ACNUR. Los otros 2,9 millones de personas eran nuevos refugiados.

La organización también destaca que el desplazamiento forzado global ha experimentado un crecimiento acelerado en 2014, alcanzando una vez más niveles sin precedentes. Por ello, se espera que las cifras globales durante este año se incrementen considerablemente.

Para Antonio Guterres, alto comisionado de la ONU para los refugiados, destacaba que "estamos siendo testigos de un cambio paradigmático, una caída descontrolada hacia una era en la que la dimensión del desplazamiento forzado, así como la respuesta necesaria, ahora eclipsa totalmente cuanto habíamos visto hasta ahora".

Esos desplazamientos forzosos se dan como consecuencia "de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada o las violaciones de derechos humanos", según ACNUR. Buena prueba de ello son las desoladoras imágenes que nos han llegado durante esta semana, en la que decenas de refugiados sirios han perdido la vida intentando cruzar la frontera hacia Europa.

La venta de armas, doble moral

En estos momentos, hay numerosos países que viven en guerra: Oriente Medio, África... Regiones a las que hay que sumar países como Afganistán, la República Democrática del Congo, Somalia o Siria.

La comunidad internacional ha de demostrar, tal y como destacan desde UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina, "más determinación en resolver estos conflictos que obligan a la gente a huir de sus hogares, poniendo en riesgo su vida". Choca por ello que, mientras los dirigentes europeos se reúnen en cumbres sobre inmigración, sigan vendiendo armas a países en guerra.

Varias ONGs como Amnistía Internacional (AI) o Intermón Oxfam han alertado sobre esta doble moral en numerosas ocasiones. El 24 de diciembre de 2014 se convirtió en derecho internacional el Tratado (Internacional) sobre el Comercio de Armas (TCA). Este tratado "implica que todos los Estados que lo han firmado deben ahora respetar unas estrictas normas sobre las transferencias internacionales de armas", según Aministía.

En cambio, la ONG destaca que a menudo, los detalles de las operaciones comerciales se mantienen en secreto, pero se calcula que el valor del comercio internacional de armas convencionales asciende a 100.000 millones de dólares anuales.

Las empresas fabricantes y comercializadoras, los proveedores de servicios militares y los intermediarios y traficantes de armas realizan la mayor parte de las transacciones, pero son los gobiernos quienes tienen la obligación de defender a su población, enfatizan desde AI.

Por ello, son los Estados que intentan dar solución a la crisis migratoria los únicos que pueden controlar este comercio mediante la concesión o denegación de licencias, y sólo los Estados pueden prohibir ciertos tipos de armas inhumanas e imponer embargos de armas y suspensiones.