Hace unos días volvía a leer una información en prensa sobre el tema. Pero, ¿no se habían ya regularizado y estructurado los pagos pendientes? Además, aludían a la demanda de intereses atrasados sobre deudas ya pagadas. Sin entrar sobre el futuro inmediato de las deudas pendientes (¿vuelven a recuperarse los malos hábitos?), quizás sí sea […]
Dirigentes Digital
| 23 sep 2015
Hace unos días volvía a leer una información en prensa sobre el tema. Pero, ¿no se habían ya regularizado y estructurado los pagos pendientes? Además, aludían a la demanda de intereses atrasados sobre deudas ya pagadas.
Sin entrar sobre el futuro inmediato de las deudas pendientes (¿vuelven a recuperarse los malos hábitos?), quizás sí sea apropiado valorar cómo se "resolvieron" (o redujeron… les dejo a ustedes la valoración exacta) desde el 2012. Recuerden que a partir de ese ejercicio el Gobierno ha adoptado diferentes medidas para reducir la deuda comercial de las Administraciones territoriales, bien dentro del Plan de Pago a Proveedores y a través de los fondos del FLA para el pago a proveedores.
Voy a utilizar los datos suministrados por el Banco de España en un reciente artículo en su Informe Mensual…
Sólo algunos datos:
El total de obligaciones de pago pendientes de pago a nivel conjunto de la Administraciones Públicas alcanzó el 8.1 % del PIB en 2011, más del doble respecto al promedio de 1997/2007.
Del total de la deuda pendiente de pago en aquel año el 75% correspondía a las Comunidades Autónomas y corporaciones locales.
Entre 2012 y 2013 se aprobaron medidas de financiación que permitieron reducir la deuda pendiente a algo más del 4,5% del PIB.
¿De qué medidas hablamos? Desde las iniciales de aplazar el reintegro al Estado de las liquidaciones negativas de años anteriores, líneas ICO específicas para pagar deudas vencidas hasta la creación de un mecanismo directo por el Estado de pago a proveedores de Comunidades Autónomas y ayuntamientos (FFPP). Se estima que esto último ha supuesto un desembolso de 30.200 millones correspondientes a la deuda de las Comunidades y más de 11.000 millones para las deuda de los ayuntamientos. Sin olvidarnos del FLA: desde su creación más de la cuarta parte de sus recursos se han destinado al pago de facturas pendientes de proveedores (25.100 millones).
Además, el Estado ha aprobado diferentes normas tratando de aproximarse a la norma europea que limita a 30 días (en determinados casos a 60 días) los pagos pendientes de facturas desde proveedores privados. Según el Banco de España, a mediados del año pasado los plazos de facturas pendientes eran de 11, 58 y 27 días para la Administración Central, las CCAA y los ayuntamientos respectivamente.
Con toda la información anterior, admitiendo un impacto económico positivo del pago de las facturas pendientes, se encuadra mejor la información a la que me refería al principio.
José Luis Martínez Campuzano es Estratega de Citi en España.
