La Fiscalía General del Estado ha presentado este lunes dos querellas contra los responsables de la declaración de independencia. En ellas, se actuará tanto contra los miembros del Govern catalán cesado el sábado como contra los integrantes de la Mesa del Parlament que permitieron tramitar la declaración unilateral de independencia. Respecto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su gobierno, […]
Dirigentes Digital
| 30 oct 2017
La Fiscalía General del Estado ha presentado este lunes dos querellas contra los responsables de la declaración de independencia. En ellas, se actuará tanto contra los miembros del Govern catalán cesado el sábado como contra los integrantes de la Mesa del Parlament que permitieron tramitar la declaración unilateral de independencia. Respecto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su gobierno, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado una querella ante la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, los mismos que se le imputan a los miembros de la Mesa, que serán juzgados ante el Tribunal Supremo por su condición de aforados. El fiscal no ha pedido medidas cautelares para los querellados, para los que pide una declaración urgente, pero se reserva su derecho a hacerlo cuando se les cite “en atención a la gravedad de los hechos imputados”. José Manuel Maza, que ha anunciado esta decisión en una rueda de prensa sin preguntas, ha asegurado que el Govern y la Mesa actuaron “con total desprecio a la Constitución“. En las dos querellas, el fiscal pide la “exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros”, lo que supone un importe de 300.000 euros para cada uno de los querellados. A los querellados se les acusa de un presunto delito de rebelión, por el que se enfrentarán a penas de cárcel de hasta 30 años. Este delito está tipificado en el Código Penal para quienes se alcen “violenta y públicamente” para la derogación, suspensión o modificación de la Constitución o la declaración de la independencia en una parte del territorio. La investigación de esta causa se ha dividido en dos partes después de que el Gobierno central decidiera el viernes por la tarde disolver el Parlament catalán y convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, tal y como anunció el sábado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Así, será la Audiencia Nacional la que actúe contra el ya cesado Gobierno catalán por presunta rebelión, ya que su aforamiento ha concluido, mientras que el Tribunal Supremo juzgará a la Mesa del Parlament, incluyendo a su presidenta Carme Forcadell. Precisamente, Forcadell ha desconvocado esta mañana la reunión de la Mesa prevista para mañana, acatando así la disolución de la cámara catalana por parte del Gobierno central para convocar elecciones autonómicas anticipadas.
