La intervención de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado marca la primera jornada del juicio del Caso Nóos. En juego está si las mujeres de los principales acusados Iñaki Urdangarín y Diego Torres serán procesadas. La defensa de la Infanta Cristina de Borbón ha pedido a los magistrados que su clienta no sea juzgada apelando a la jurisprudencia del Supremo, que descarta juzgar por delito fiscal si no ejercen la acusación la Abogacía del Estado ni la Fiscalía, la conocida Doctrina Botín.
Tanto el fiscal, Pedro Horrach, como la abogada del Estado jefe de Baleares, Dolores Ripoll, han defendido durante el juicio no juzgar a la hermana del Rey. El fiscal ha pedido que se "decrete la falta de legitimación" de Manos Limpias para que no se abra juicio oral contra Ana María Tejeiro y Cristina de Borbón
"Ampararse en la manida expresion Hacienda somos Todos para orillar la ley de Enjuiciamiento Criminal significa desconocer una premisa básica en los delitos fiscales", ha intervenido, y ha dicho que juzgar a la infanta sería una "discriminación no justificada" hacia ella.
La abogada del Estado jefe de Baleares, Dolores Ripoll, reitera que para abrir juicio por delito fiscal es obligatorio que acuse la Abogacía estatal o la Fiscalía. Y recuerda que la expresión "Hacienda somos Todos" es publicitaria, no jurídica.
En los delitos contra la Hacienda Pública el perjudicado es el erario público, la Agencia Tributaria, ha recordado la abogada del Estado, que ha incidido en que ni la Fiscalía ni el Ministerio Público han observado delito alguno en el comportamiento de la infanta.
Además, tras la reanudación del jucio por la tarde, el abogado de Diego Torres ha solicitado que declaren como testigos el rey Felipe VI y su padre, don Juan Carlos, algo que el tribunal ha rechazado.
Llegada a los juzgados
Las primeras imágenes del año ya han quedado plasmadas con la infanta Cristina sentada en el banquillo de los acusados, cerca de su marido Iñaki Urdangarín, en el caso Nóos.
La hermana del Rey Felipe VI, de 50 años, es una de las 18 personas que están siendo juzgadas tras una investigación de seis años sobre el Instituto Nóos, la organización sin ánimo de lucro que Urdangarin supuestamente utilizó para desviar 5,8 millones de euros de fondos públicos.
Cristina de Borbón se enfrenta a una pena que puede ascender a ocho años de prisión por colaborada necesaria en todo el entramado, según la instrucción del caso, pero está por ver si al final es juzgada. Su defensa planteará en las cuestiones previas que se le aplique la doctrina con la que el Tribunal Supremo libró del banquillo al ex presidente del banco Santander, Emilio Botín. Por la cual no se la puede procesar si sólo lo solicitaban las acusaciones populares y no la Fiscalía ni los perjudicados directos del supuesto delito.
La infanta está acusada de dos delitos contra la Hacienda Pública, el perjudicado directo sería el Estado, representado en el caso Nóos por la Abogacía del Estado. Pero, la abogada del Estado asignada a esta causa, Mercedes Ripoll, ha defendido siempre que Cristina de Borbón no ha cometido ningún delito.
En las primeras sesiones del juicio será clave la exposición de la Fiscalía del caso y la valoración de la implicación de la infanta en la trama.
Urdangarín se enfrenta a 19 años y medio de prisión y su socio Diego Torres a 16 y medio por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales.
Entre los nombre ilustres de los acusados también se encuentran acusados el expresidente del Govern balear Jaume Matas, quien se enfrenta a una petición de once años de cárcel. En el juiciodeclararán más de 360 testigos entre los que se encuentran Rodrigo Rato, Jaume Matas, Francisco Camps o Alberto Ruiz Gallardón.
