https://www.youtube.com/watch?v=aktqzEj_lmw La presidenta de UNESPA atiende a DIRIGENTES para analizar el presente y futuro de las pensiones en España. Pilar González de Frutos cree que las pensiones son un elemento de estabilidad social muy importante y que van a seguir existiendo, pero ello obliga a estar vigilantes, acometer profundas reformas en el sistema público y exigir a los políticos que busquen consensos sobre medidas realistas. Hay que actuar con rapidez ante el reto demográfico y salarial que existe en España. ¿En qué momento se encuentran las pensiones en España? Nuestro sistema de protección social en general y el sistema de pensiones en concreto están sufriendo un problema estructural que no es único de España, sino que afecta a todos los países desarrollados, el envejecimiento progresivo de la población. Esta circunstancia viene caracterizada por dos variables, primero, unas tasas de natalidad muy bajas y en segundo lugar, una prolongación de la esperanza de vida, algo de lo que todos debemos de alegrarnos, hay que valorar tener cada vez más vida por delante. Pero es cierto que esto genera un reto sobre los sistemas de protección y a ese reto tenemos que responder. ¿En qué se concreta esta situación a día de hoy? En que las pensiones que se están devengando todos los meses no se pueden cubrir totalmente con las cotizaciones que ingresan en el sistema de la Seguridad Social mensualmente. Eso da lugar a que en el año 2017 se haya producido un déficit de diferencia entre ingresos y gastos en la Seguridad Social de 18.000 millones de euros que han sido cubiertos con Presupuesto General del Estado. Este es el momento en que estamos, con un diálogo abierto entre los representantes políticos en la comisión del Pacto de Toledo en el que como ciudadanos sería deseable que se alcanzase un consenso sobre cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar para pensar en los jubilados de hoy y en los jubilados de mañana. Es verdad que no podemos dejar abandonados a los que ya están cobrando la pensión, pero tampoco podemos dejar una gran carga a la espalda de los jóvenes de hoy para que sean ellos los que financien las pensiones del futuro. Este es uno de los grandes retos sociales que en este momento tenemos que enfrentar como país. Los jóvenes tienen miedo de que en el futuro no vayan a recibir una pensión, es algo que está en la calle. ¿Le consta? Es verdad que al problema estructural de la demografía se han unido otras circunstancias coyunturales, como la crisis, que supuso la pérdida de tres millones de empleos, es decir, tres millones de cotizantes. Con la recuperación de la actividad económica y del empleo la situación de déficit se va a recortar. En la medida en que sigamos creando empleo, el déficit va a ir acortándose. ¿Va a ser eso suficiente? Yo creo que no, porque el volumen de empleos que sería necesario crear nunca los hemos visto en este país y es algo que no se va a logar en el corto plazo. Dicho esto, las pensiones públicas necesariamente tienen que seguir existiendo y van a seguir existiendo. Son un elemento de estabilidad social importante y permanentemente vamos a tener que estar vigilantes. Es un beneficio social del que no vamos a prescindir. Por eso, esa clase de comentarios que ponen en duda el cobrar la pensión en el futuro no son ciertos, se va a llegar a cobrar seguro, otra cosa es qué nivel va a ser posible alcanzar en las pensiones en relación a los salarios. Es verdad que la situación en este instante es delicada porque las pensiones medias que hoy se están dando de alta son superiores a los salarios medios que cobran muchos jóvenes en este país. Entonces, con esta tendencia demográfica que nos lleva a que podamos llegar a ver que la cotización de un trabajador va a tener que ser la que financie las pensiones de un pensionista, tenemos un problema social encima de la mesa, porque va a ser difícil que un trabajador con su cotización pueda llegar a justificar una pensión superior a su propio salario. Y, ¿qué hay que hacer? Esta es la forma en que yo lo veo y creo que en estos asuntos no podemos perder tiempo. No hay una preocupación de un colapso inmediato, ni mucho menos, hay que tranquilizar a la población porque todo puede ser reconocido y tener arreglo, ahora bien tenemos que ponernos a trabajar, lo más objetivamente posible, alejados de posiciones demagógicas y adoptar decisiones en el largo plazo para evitar que los efectos no deseados se concentren en una determinada cohorte de ciudadanos. Por eso, las medidas deberían ser adoptadas con rapidez para poder dibujar un horizonte largo para que la adaptación sea un proceso suave. Alcanzar consenso en este ámbito, como en muchos otros, es complicado, pero no nos puede llevar a ser derrotistas. Nuestros representantes políticos tienen que ejercer con responsabilidad las funciones que los ciudadanos les hemos encomendado. Creo que, aun siendo difícil, es posible y deseable y tenemos referencias de cómo se ha conseguido en ocasiones anteriores, el Pacto de Toledo es un ejemplo de ello. ¿Puede suponer un problema para la economía? En un escenario en el que si las tendencias demográficas no cambian podemos avistar que el volumen de pensión en relación con los salarios va a tender a disminuir, según datos del Gobierno, probablemente para mantener el crecimiento de la economía española en un modelo como el nuestro, muy dependiente del consumo, vamos a necesitar que los mayores tengan capacidad de consumo, es decir, que tengan rentas. Y eso nos debe llevar a plantearnos la necesidad de dotarnos de mecanismos de pensiones complementarias en el ámbito laboral que faciliten la creación de un ahorro complementario en las pensiones públicas para poder seguir garantizando un porcentaje de consumo de la población mayor que va a ser mayoría. En esta situación, ¿se debe apostar por alternativas en el ámbito privado? En los países de nuestro entorno, con carácter general, lo que existe es un volumen importante de pensiones complementarias que provienen de sistemas colectivos vinculados al trabajo, a las empresas. Tenemos muchos ejemplos. En Suecia, una parte de la cotización de los trabajadores se destina a un sistema de capitalización, otra parte va a un sistema igual que el nuestro, pero un porcentaje va a ese sistema que genera una pensión individual para el propio cotizante. Algo similar ocurre en Alemania, también en Reino Unido, donde cuando un trabajador se incorpora a la empresa, ésta está obligada a proponerle un sistema de pensión complementaria. El trabajador puede voluntariamente decir que no lo quiere, pero tiene que decirlo, si no dice nada queda dentro de ese sistema complementario. Le hacen un descuento en su nómina y por aportar ese trabajador, la empresa también pone y naturalmente el estado también a través de ayudas fiscales a la propia empresa. Esos sistemas son los que constituyen el mayor complemento de las pensiones públicas en los países europeos. Ninguno de los tres ejemplos los podríamos calificar como de poca protección social, ¿no?, y ahí están, eso es algo que en España no está desarrollado, apenas el 8% de los trabajadores tiene un sistema de pensiones vinculado al mundo de la empresa. Luego está el ahorro privado, individual, en el que efectivamente nuestra cultura financiera no está muy desarrollada, aunque sí somos un país ahorrador, lo que pasa es que hasta ahora solo ahorrábamos en un producto, en inmobiliario, y los últimos años también han roto ese paradigma. Esta ducha de realidad nos permite darnos cuenta de que hay otros canales de ahorro que pueden estar en la mente de los ciudadanos, sobre todo en el largo plazo, en el plano finalista. En este sentido en España tenemos sistemas de pensiones y seguros de jubilación que son productos totalmente alternativos aunque de momento su volumen es escaso. ¿Qué modelo encajaría mejor en España? Conocemos todos, hemos analizado todos y hacemos un seguimiento pormenorizado de cómo se procede en los países de nuestro entorno y creo que cualquiera de ellos tienen elementos positivos que se pueden adaptar, pero necesitamos adaptarlos a la realidad española. Obviamente no somos suecos, ni alemanes, ni ingleses, somos españoles. Hay cosas de cada modelo que se podrían combinar con nuestra realidad. Con carácter general, me gusta que los sistemas de segundo pilar tengan estas dosis de voluntariedad, que el trabajador retenga la decisión de involucrarse o no en ese sistema, como en el  caso inglés. Aquí los denominamos de adscripción por defecto, y me gusta porque es la forma más respetuosa dentro del requerimiento constitucional que tenemos en España de que las pensiones complementarias sean voluntarias. Por tanto ese me parece que es una muy buena guía. Los sistemas de ahorro individual con el sistema de diferimiento fiscal, que no ventaja, es sólo que no pagamos hoy para pagar en el futuro, ese sistema no resulta del todo apropiado para rentas muy bajas porque podemos encontrarnos con supuestos en el que el impuesto que se paga al final, cuando empiezas a recibir las aportaciones, pueda llegar a ser superior al que dejaste de pagar cuando empezaste a aportar al plan de pensiones o al seguro individual. ¿Qué es lo mejor entonces para las rentas bajas? Las subvenciones estatales, algo que está en Alemania, que por cada euro que un trabajador pone en un sistema individual de pensión complementaria, el estado pone el mismo importe. Eso para los ahorradores con bajos salarios sería mucho más eficaz que lo que tenemos ahora. Evidentemente, en España no se tienen los sueldos de otros países del norte de Europa, ¿se justifica este desfase de ahorro? Es cierto, pero las diferencias salariales no llegan a justificar la enorme diferencia que tenemos en materia de ahorro complementario de pensiones. Una parte sí, pero no todo, porque un ciudadano holandés no gana diez veces más que un español y en cambio sí tiene diez veces más de ahorro complementario que un español. Y, ¿qué se puede hacer en el ámbito de natalidad? Si pensamos en el medio y largo plazo los programas de natalidad son imprescindibles porque los trabajadores que van a pagar mi pensión ya han nacido, ya están aquí y van a ser pocos, por eso creo que facilitar la natalidad es un elemento estructural de primer orden, pero son medidas tan a largo plazo que conviene empezar a adoptarlas cuanto antes porque sus resultados efectivos van a demandar décadas por delante. Por último, ¿qué opinión le merece que en las últimas semanas hayamos visto a miles de pensionistas en la calle reclamando mejores pensiones? Hay que reconocer el enorme esfuerzo que este colectivo ha soportado durante la crisis. Su rol ha sido esencial. Pero, dicho eso, hay que señalar que el sistema de pensiones no ha estado diseñado para esto, sino para que un trabajador tenga ingresos suficientes para él a lo largo de sus años de vida no activa, no está pensado como el sistema de soporte social para las familias que han atravesado circunstancias tan difíciles. Para eso debería haber otras áreas del gasto público de nuestro país, pero no las cotizaciones de los trabajadores. Las familias con necesidades deben ser atendidas por los poderes públicos, pero a través de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, no con las cotizaciones que no dejan de ser un impuesto al empleo. Creo que hay que reconocer el rol de las familias y jubilados durante la crisis pero no debe justificar una alteración de nuestro sistema de pensiones, que no ha estado diseñado para ello. Todos desearíamos que nuestras pensiones fueran mucho más elevadas de lo que lo son, todos pondríamos una pensión mínima de 3.000 euros, pero el problema es que las tenemos que financiar. Los deseos son muy loables pero hay que ser realistas, y es que esto está financiado con impuestos al empleo y el empleo es otra de las preocupaciones, por tanto tenemos que combinar la necesidad de crear nuevos empleos con seguir financiando nuestro sistema de pensiones. Durante los años de la crisis las pensiones han subido mucho más que los salarios, según el Banco de España, los jubilados han sido el único colectivo que no perdió capacidad adquisitiva durante los años de la crisis. Cualquier deseo de mejora está justificado, pero no estoy tan convencida de que económicamente podamos hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo, si no es hacer un cambio radical y estructural en nuestro sistema de pensiones.