El Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus pronósticos más recientes vaticina que América Latina crecerá al 1%, con lo que el crecimiento promedio del periodo comprendido entre 2011 y 2016 será del 2,6%, una tasa que apenas supone el 40% del crecimiento que se experimentó entre 2003 y 2010, periodo en el que la combinación de vientos de cola favorables con políticas más sostenibles permitió que Latinoamérica se posicionase en el radar de la economía global, creciera por encima de su potencial, creara empleo formal, desarrollara sus sistemas financieros, redujera la pobreza y la desigualdad, innovase en políticas sociales y atrajera 550.000 millones de dólares de inversiones directas.

Esta ralentización del crecimiento está causada, en parte, por los constantes escándalos empresariales y políticos que están surgiendo en los países más importantes de la región. En ocasiones, las empresas que saltan a la palestra, y no precisamente por sus buenos resultados, son extranjeras, que operan en el país.

El último caso es el de la española OHL. La compañía afronta la crisis abierta en su filial mexicana por las presuntas conversaciones entre directivos de la compañía hablando de supuestos sobresueldos. Pablo Wallentin, directivo que aparecía en las grabaciones, ya ha renunciado como directivo de la compañía en México para no entorpecer la investigación.

Las cuentas del grupo constructor han arrojado una caída del 18,7% en los beneficios del primer trimestre que sitúan las ganancias de la compañía en los 49,1 millones de euros frente a los 60,4 millones de euros de un año antes. Moody's amenaza con rebajar la calificación de la empresa tras el escándalo de México. De hecho, junto a Venezuela, México es uno de los países donde se llevan a cabo más sobornos.

El Barómetro de las Américas 2014, elaborado por el Proyecto de Opinión Púbica de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés), ha realizado una encuesta en 25 países de la región en la que Haití (69,2%) y Bolivia (30,2%), encabezan la lista donde más ciudadanos admiten que alguna autoridad le pidió un soborno.

Esta lista, elaborada en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también sitúa en el mapa a México y Venezuela, en la que el 27% y el 26,4% de los ciudadanos reconoce que también han tenido que pagar una cantidad de dinero bajo amenaza.

Además, según el índice de Percepción de Corrupción, que desde 1995 elabora la organización de Transparencia Internacional, Venezuela es percibido como el país más corrupto de Latinoamérica. Entre las razones que han llevado a Venezuela a este lugar están la falta de libertad de expresión y la tolerancia del Gobierno a la corrupción.

Lastre de las presidentas latinoamericanas

Más allá de las entidades, y como muestra este índice, la corrupción y el poder tienen una relación cada vez más cercana en América Latina. Mientras que hace años los más señalados por sus ilegalidades eran las grandes empresas, ahora, el 'dedo acusador' recae también sobre mandatarios y organizaciones públicas.

Las autoridades de Guatemala desmantelaron el mes pasado una estructura criminal que recibía sobornos de los importadores para evadir al fisco y que presuntamente estaba liderada por el ex secretario privado de Roxana Baldetti, vicepresidenta del Gobierno.

Este último escándalo, que ha 'obligado' a dimitir a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, sumado al caso de corrupción de Petrobras en Brasil, la muerte del fiscal Nisman y el posible tráfico de influencias de Sebastián Dávalos (hijo de Michelle Bachelet) en Chile, han pasado factura a las dirigentes de los principales países de América del Sur, cuyos índices de popularidad continúan cayendo en picado.

Entre los 12 países que componen la región de América del Sur, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 4.400 millones de dólares, el 72% está concentrado en Brasil, Argentina y Chile, de acuerdo a cifras del Banco Mundial. Sin embargo, las líderes de estos países aglutinan los índices de popularidad y aceptación más bajos de la historia. La aprobación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se encuentra en el 19%. Cristina Fernández de Kirchner, su homóloga argentina, tiene un 40% de popularidad y Michelle Bachelet, un 29%, de acuerdo a distintas consultoras.

Petrobras por su parte, ha informado de que la corrupción costó al menos 2.055 millones de dólares a la compañía en 2014. Según medios locales, la operación judicial llamada Lava Jato descubrió el año pasado un escándalo de desvío de recursos en Petrobras y asignación de contratos a proveedores que pagaban sobornos a ejecutivos de la firma, políticos y legisladores de Brasil.

Petrobras cuenta hasta la fecha con más de 86.000 empleados y es la mayor empresa estatal de Latinoamérica. De hecho, aunque tiene participación extranjera directa, es propiedad del Estados brasileño. Por esto, su peso en la economía del país es muy grande, y cualquiera de sus decisiones estratégicas puede afectar a todo el mapa empresarial. Por lo tanto, el impacto de la trama ha llegado al mercado, y se estima que unas 51.000 compañías podrían estar abocadas al cierre por las consecuencias de sus malas prácticas.

Cristina Fernández está viviendo su último año al frente del Gobierno argentino bajo la sombra de la muerte del fiscal Alberto Nisman. El fiscal acusó a la presidenta de encubrir terroristas en un atentado de 1994 contra la Asociación Mutual israelita argentina.

Alberto Nisman fue hallado muerto el pasado mes de enero, tan sólo cuatro días después de denunciar a Cristina Fernández, y antes de comparecer en el Congreso. La larga investigación sobre lo ocurrido, en la que se llegó a imputar a la presidenta, ha determinado que Nisman recibió un disparo "con el arma apoyada a la sien", aunque aún no se ha esclarecido quien fue el autor del supuesto asesinato. El escándalo Nisman 'hundió' la imagen de la presidenta argentina hasta el 29,1% de popularidad, sin embargo, ha terminado repuntando esta cifra.

De acuerdo con el centro de estudios públicos, la aprobación de Michelle Bachelet, presidenta de Chile, alcanzó en abril su peor registro histórico al caer a 29%, afectada por escándalos que involucran a empresas, políticos e incluso a su propia familia.

La crisis chilena estalló cuando Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, fue acusado de "uso de información privilegiada" y "tráfico de influencias", lo que lo llevó a renunciar al Partido Socialista, después de 15 años de militancia.

A raíz de este escándalo, Bachelet, puso en marcha, el pasado mes de abril, un plan para combatir las malas prácticas en la política. Este programa incluye la prohibición de donaciones privadas en las campañas electorales, restringe la contratación de familiares en el servicio público, etc. Otra de las drásticas medidas tomadas por Bachelet para intentar recuperar su popularidad ha sido la petición de renuncia a todo su gabinete de ministros, a quienes se dio un plazo de 72 horas para presentar su dimisión y dar paso a un nuevo Ejecutivo.