Mientras que la leve recuperación económica se ha dejado notar a nivel internacional, en Latinoamérica parece no haber sido aprovechada lo suficiente, sobre todo de cara a fortalecer las políticas de protección social en algunos países, con lo que se disminuiría considerablemente la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a los ciclos económicos. De acuerdo al estudio, […]
Dirigentes Digital
| 27 ene 2015
Mientras que la leve recuperación económica se ha dejado notar a nivel internacional, en Latinoamérica parece no haber sido aprovechada lo suficiente, sobre todo de cara a fortalecer las políticas de protección social en algunos países, con lo que se disminuiría considerablemente la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a los ciclos económicos.
De acuerdo al estudio, "Panorama social de América Latina 2014" de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (Cepal), el número de personas en situación de pobreza en Latinoamérica y el Caribe llegó a 167 millones en 2014. Mientras tanto, la población en situación de pobreza extrema subió hasta el 12% desde el 11,7% de 2013, lo que corresponde a 71 millones de personas. "Las proyecciones muestran un leve incremento de la tasa de indigencia, lo que significaría no sólo un retroceso de esta tasa hasta los niveles observados a principios de la década, sino también un crecimiento apreciable de la cantidad de personas afectadas por esta situación, debido al crecimiento demográfico", reza el estudio.
Según recoge Reuters, los países que presentaron mayores descensos en la pobreza fueron Paraguay, El Salvador, Colombia, Perú y Chile. Además de analizar la pobreza por ingresos el estudio presentó una medición complementaria que abarca cinco ámbitos: vivienda, servicios básicos, educación, empleo y protección social, y estándar de vida. Para esta medición, los mayores descensos se produjeron en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Venezuela. "Los países de América Latina y el Caribe se enfrentan hoy al reto de seguir impulsando los progresos significativos en la reducción de la pobreza y el desempleo, así como ampliar los incipientes avances en la distribución del ingreso, alcanzados en conjunto con la consolidación democrática, la estabilidad macroeconómica y las políticas sociales", apunta el informe.
En materia de gasto social, la región hizo un esfuerzo significativo a partir de 2008 para enfrentar la crisis financiera internacional, pero en 2012 y 2013 se observó una desaceleración del crecimiento de éste, que responde principalmente al escaso dinamismo de la economía internacional y al impulso de la inversión en los sectores no sociales. Si en 2008-2009 el gasto público social como porcentaje del producto interno bruto (PIB) en América Latina se situó como promedio en 18,3%, en el siguiente bienio ascendió a 18,9% y en 2012-2013 alcanzó 19,1%, aunque sigue habiendo grandes diferencias entre países.
Por otra parte, el estudio refleja notables avances en la cobertura educativa de las y los jóvenes latinoamericanos, pero indica que estos sufren mayores tasas de desempleo y menor protección social que los adultos. Además, están entre las principales víctimas de los homicidios en América Latina y el Caribe, donde se concentran siete de los 14 países más violentos del mundo.
Atendiendo a estos datos, Latinoamérica tiene ahora la misión de llevar a cabo una estrategia de cohesión social, donde más que luchar contra la pobreza, se luche contra las desigualdades. Los ejes centrales que deben fundar esta estrategia podrían ser: construir un sistema de protección social universal en derechos como mecanismo para abordar las desigualdades, impulsar una agenda por la igualdad de las mujeres y la sustentabilidad política y fiscal de la cohesión social. Este último, en concreto, es un objetivo doble, construir institucionalidad y desde ella edificar el sistema judicial.
Para dar un salto en el reto de la igualdad es necesario buscar, desde el interior de cada país, los acuerdos políticos y sociales que lo hagan posible. No habrá avances si no se pacta, social y políticamente, el modelo de solidaridad que los pueda sustentar. Sin duda esto tiene costes, pues redistribuir poder, conocimiento, información y recursos, significa desconcentrarlo y socializarlo. Ello sólo es factible con acuerdos y pactos, institucionalizados a través de normas obligatorias que terminen por construir, a partir de sus prácticas, nuevas relaciones en la sociedad y una cultura de mayor igualdad.
