Ricardo Pessoa es el presidente de UTC Participações SA, un holding que actúa en los sectores de ingeniería civil, petróleo, desarrollo inmobiliario, defensa e inversiones. Señalado como responsable de articular la práctica de cártel en contratos con la petrolera estatal Petrobras, es el primer empresario de gran porte en la lista de los que firmaron un acuerdo de delación premiada con los tribunales brasileños para obtener una reducción en su condena.

El empresario, que también es acusado de lavado de dinero, afirma que aportó fondos a la campaña presidencial de Dilma Rousseff y ha prometido revelar informaciones sobre el pago de sobornos en Petrobras y otras compañías estatales para beneficiarse en la concesión de grandes obras impulsadas por el Gobierno.

De acuerdo con la acusación, las empresas manipulaban los precios presentados en los concursos públicos tras acordar previamente cuál vencería la licitación. Los precios eran sobredimensionados para obtener de allí los recursos con los cuales se pagarían los sobornos, según la hipótesis con que trabaja el Ministerio Público, responsable de esclarecer el caso.

Manos limpias

Pessoa no admitió inicialmente su participación en los hechos, pero luego, ante la perspectiva de obtener una reducción en la condena, dijo que colaboraría entregando nombres y presentando pruebas. El acuerdo con la Justicia, contemplado en la figura de "delación premiada", incluye también la devolución de dinero, aunque no fue especificado el volumen del monto. Sólo trascendió que se aplicará una multa.

El proceso es parte de las investigaciones reunidas bajo el título "Operação Lava Jato", una suerte de mani pulite a la brasileña, que ha colocado a empresarios, políticos y legisladores bajo la lupa para determinar sus responsabilidades en esta fabulosa grieta ética de la más importante empresa estatal de Latinoamérica.

La compañía reportó una pérdida de 7.300 millones de dólares en su ejercicio de 2014, volumen en el que se incluyen alrededor de 2.000 millones de dólares que circularon por los circuitos clandestinos en concepto de sobornos y otras prácticas ilegales.

La hidra

A pesar de lo abarcativa e indiscriminada que viene mostrando ser la investigación (inclusive el tesorero del propio partido de la presidente del país, el Partido de los Trabajadores, ha ido a parar tras las rejas), el presidente ejecutivo de Petrobras, Aldemir Bendine, dijo a fines de abril que no habían garantías de que se pudiera acabar con la corrupción en esa empresa.

El ejecutivo se comprometió ante el Senado a implementar una serie de controles para asegurar "un correcto proceso de gobernanza, de cumplimiento de las normas de la industria y políticas de mitigación de riesgos". "Pero decir que con esto eliminaremos definitivamente el riesgo de conductas impropias dentro de la compañía, eso es algo que nunca podremos hacer", dijo Bendine, citado por la Agência Brasil, el servicio estatal de noticias.

Las investigaciones en torno de la petrolera han venido desarrollándose al tiempo en que se desvalorizaba la propia compañía y también caía la aprobación de la presidenta Dilma Rousseff. En el último año, Petrobras perdió más de un 48% de su valor de mercado, mientras que la imagen de la mandataria cayó 33 puntos, según las mediciones de encuestadoras privadas, ubicándose a mediados de mayo en un 16% de la población consultada.

La compañía prepara una ronda de concesiones para la explotación de petróleo y gas en 269 bloques marinos y terrestres, que serán licitados en octubre próximo. El propio partido de Gobierno prepara una estrategia para recuperar su popularidad a través de la imagen del líder histórico Lula da Silva.

En tanto, los principales sindicatos brasileños convocaron una jornada de protestas para el próximo 29 de mayo contra los ajustes a la economía anunciados por el Gobierno y contra un proyecto de ley de reforma laboral.