La Federación Profesional del Taxi de Madrid ha decidido personarse en el procedimiento judicial por el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quiere recurrir el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres. La decisión se debe a que desde su punto de vista la CNMC va a precarizar el sector del transporte […]
Dirigentes Digital
| 12 abr 2016
La Federación Profesional del Taxi de Madrid ha decidido personarse en el procedimiento judicial por el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quiere recurrir el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres. La decisión se debe a que desde su punto de vista la CNMC va a precarizar el sector del transporte privado "en favor de las grandes multinacionales".
Desde que Uber anunció su intención de entrar al mercado español, el gremio de los taxistas encendió las alarmas y preparó el zafarrancho de combate. No podían permitir que entrase a competir un nuevo agente dentro de un mercado totalmente monopolizado y regulado por el Gobierno. Si lo permitían habría que buscar una solución, y los entes públicos no se han mostrado partidarios de muchas de las opciones propuestas.
Un ejemplo ha sido Francia, donde el estado ha decidido reembolsar las licencias VTC, ajustándolas a la inflación, a los taxistas que lo deseen para así reducir el número de conductores a sueldo en las calles de las grandes ciudades y fomentar, con la entrada de actores como Uber, un mercado más competitivo y liberalizado.
En España esto ha sido rechazado por las entidades públicas, las cuales piensan que no es la solución. No se trata de que no quieran pasar de un mercado intervenido a uno mucho más liberalizado, el problema reside en el coste que supondría imitar la decisión francesa de reembolsar licencias. El consistorio de Sevilla es el primero de España que ha puesto en marcha esta medida, y está siendo el ‘conejillo de indias’ donde ver los resultados. Sin embargo, para hacernos una idea del precio que deberían pagar los ayuntamientos, las últimas 11 licencias han costado a las arcas municipales sevillanas 251.841 euros.
Como estas medidas todavía están muy verdes y los Gobiernos prefieren no llevarlas a cabo, los taxistas prefieren defender ellos mismo su causa. Ante la vuelta a la carga de Uber para entrar en España, esta vez con una flota profesional, la Federación de Taxistas de Madrid ha tirado de hemeroteca y ha recordado normativas de 2014 que prohíben la nueva intentona de Uber.
Además, los taxistas han declarado que consideran que la multinacional regresa a la capital "precipitadamente y sin flota suficiente para prestar servicio de calidad a los usuarios porque estaba perdiendo la guerra por monopolizar el mercado del transporte de viajeros con otras aplicaciones que sí se ajustaron a la normativa".
Mientras tanto, la CNMC quiere que el mercado del transporte privado esté más liberalizado, por lo que presentó un recurso al Gobierno para que cambiara el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres que impide a empresas como Uber o Cabify entrar al mercado español. Los taxistas por su parte han decidido personarse en el procedimiento judicial que enfrenta a Gobierno y CNMC apoyando al ente público, quien apuesta por los intereses del gremio.
El recurso que ha presentado la comisión es para para eliminar las "restricciones injustificadas a la competencia que perjudican a los consumidores, las empresas, los autónomos y al propio sector público", según han comunicado.
La medida demuestra el distanciamiento cada vez más evidente entre el Gobierno, que apuesta por una regulación del sector del transporte privado, y la CMNC, que aboga por una menor restricción dentro del sector para favorecer la entrada de nuevos actores.
Esta batalla entre Gobierno y CNMC provocada por los taxistas ha tenido lugar debido a que la comisión ha manifestado que nunca podría apoyar un mercado monopolístico, dado que su deber y obligación es fomentar la competencia en todos los sectores.
