Los tributos propios suponen sólo un 2,29% de los ingresos en las CCAA

El pleno proceso de transformación del sistema de financiación autonómica, la conclusión que extrae el último informe “Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2017” del Registro de asesores fiscales del Consejo General de Economistas (REAF) es que las modificaciones deben incidir especialmente en los impuestos cedidos a las CCAA. El peso de estos ha ido menguando a lo largo del tiempo, hasta suponer en media el 2,29% de los ingresos tributarios de estas administraciones, además de generar profundas desigualdades entre regiones y tener un impacto muy limitado sobre los contribuyentes. “El sistema de financiación autonómica es espeso e incomprensible. Se intuye cierta teatralidad en las novedades que introducen los gobiernos por la escasa cuantía recaudatoria, el volumen de los colectivos a los que afectan o el poco recorrido de las reformas”, ha señalado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas. Las autonomías cuentan con un total de 79 impuestos cedidos por el Estado. El peso relativo de estos respecto al total varía según la zona, desde el 6,9% de Extremadura hasta el 0% de Madrid, teniendo en cuenta que bonifica al 100% dichos tributos. Sin embargo, son el IRPF (35,7%), el IVA (31,62%) y los impuestos especiales (16,04%) los que más aportan a las arcas regionales. En total, estos recursos supusieron hasta el 83,36% de los ingresos autonómicos en 2015, y sólo en el impuesto sobre la renta las comunidades tienen alguna capacidad normativa. A pesar de que los ingresos tributarios están recuperando los niveles previos a la crisis, esto no ocurre entre los impuestos cedidos, que han experimentado importantes descensos desde 2007. El caso más llamativo es el del impuesto sobre actos jurídicos documentados, cuya cuantía cayó un 81,07% entre 2007 y 2014, de los 7.884 a los 1.492 millones. En la misma línea, la recaudación del impuestos sobre transmisiones patrimoniales se redujo un 50,9% desde los niveles pre crisis, y la del impuesto sobre sucesiones y donaciones un 19,62%. En relación al impuesto sobre el patrimonio, el descenso de los recursos fue del 58,79% entre 2008 y 2014, pasando de los 2.360 a los 972 millones. “Los impuestos cedidos están generando demasiado esfuerzo en comparación a su recaudación. Por ejemplo, sucesiones está provocando mucha conflictividad y aporta relativamente poco a las arcas”, ha explicado Jesús Sanmartín, presidente de la REAF. Otro aspecto a tener en cuenta es el efecto distorsionador de estos tributos entre las distintas regiones. La falta de homogeneidad en la fijación de los tipos, deducciones y bonificaciones genera que “las personas se planteen dónde vivir por motivos fiscales”, ha señalado Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del REAF. Es el caso del impuesto sobre el patrimonio, que en Madrid y La Rioja está bonificado al 100% y al 50%, respectivamente, frente al caso de Aragón, donde se mantiene el mínimo exento más bajo. Para el tramo de menor cuantía (800.000 euros), un aragonés tendría que tributar 1.164,37, mientras que un riojano tan sólo 100 euros y un madrileño nada. Conforme se incrementa la base imponible mayores son las diferencias, para el tramo superior (15 millones), un extremeño debería abonar hasta 418.155,60 euros, mientras que en Madrid continúa exento de este pago. La polémica está centrada últimamente en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Canarias es la región donde es más barato heredar, está bonificado al 99,9%, por lo que un caso medio de una sucesión por valor de 800.000 euros equivaldría a 134,23 euros en tributos. En el otro extremo se encuentra Andalucía, donde la misma herencia costaría hasta 164.049 euros al contribuyente. En el último año, Asturias y Murcia han rebajado el impuesto, frente a las subidas en Castilla-La Mancha y Valencia. “La exuberancia creativa de los impuestos lleva a conflictos constantes. No se puede tener un diseño tan anárquico e incomparable, tanta descentralización da pie a la competencia fiscal”, ha puntualizado Pich. Desde el REAF piden mayor transparencia y actualización en la información sobre la recaudación y los beneficios fiscales de los tributos cedidos, los últimos datos son de 2014. Además, señalan la existencia de conflictos entre las competencias centrales y las autonómicas (como en el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito que actualmente se encuentra bonificado al 100% en algunas comunidades o ha sido declarado inconstitucional en otras), que generan sobrecostes a nivel judicial y administrativo. De cara a la reforma, se aboga por la reducción en el número de tributos cedidos y la armonización de los tipos en algunos impuestos como sucesiones. “Técnicamente hemos llegado a la conclusión de que no puede existir todo (sucesiones, patrimonio, grandes fortunas, etc…). Hay que escoger. Lo ideal sería armonizar en algunos impuestos como sucesiones y poner unos tipos masticables que no fomentaran mucho la creatividad y moderaran las diferencias entre regiones”, ha concluido el presidente del Consejo General de Economistas.