El caso Rato, por el que fue detenido por fraude fiscal y blanqueo de capitales, se ha convertido en una patata caliente entre juzgados. La causa la comenzó el juzgado de instrucción número 35 de Madrid el pasado mes de abril, cuando ordenó su detención ante las pruebas de delito. Posteriormente pasó al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, pero la Fiscalía Anticorrupción pidió enviarlo a la Audiencia Nacional ya que el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye se produjo en el extranjero y que, si los juzgados de Plaza de Castilla asumieran la instrucción, las comisiones rogatorias internacionales que deberán realizarse con otros países "se verán claramente comprometidas y con ello la averiguación de los hechos". Además, de vincularlo con el caso Bankia, por el cual también está imputado el ex vicepresidente.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, se inhibió del procedimiento, al entender que los delitos fiscales y de corrupción entre particulares que se imputan a Rato únicamente podrían ser investigados en la Audiencia Nacional si causaran "una grave repercusión a la economía nacional, lo que no se da en el presente caso" y rechazó la falta de conexión con la salida a Bolsa de Bankia.
El caso Rato se ha convertido en una pelota de ida y vuelta. De nuevo, Andreu ha vuelto rechazar el recurso del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, después que inicialmente cometiera un error tipográfico al admitir que cabía recurso.
Andreu incide en un nuevo auto que la instancia superior a ambos órganos deberá resolver esta cuestión. "La norma establece claramente qué órgano y en qué sede debe resolverse la cuestión de competencia planteada, que en este caso no es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sino la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como superior jerárquico común al juzgado de Instrucción de Madrid y a este Juzgado Central".
El juez Serrano-Arnal de momento tiene decretado el embargo de bienes por valor de 18 millones a Rato, incluyendo su pensión del Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene ahora la posibilidad de plantear un conflicto negativo de competencia ante el Supremo.
