El mapa tributario de España se ha convertido en un Sudoku indescifrable, con la transferencia de impuesto a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos y la capacidad para sacarse nuevas tasas de la manga. El afán recaudatorio de todas las Administraciones terminan ahogando al contribuyente, que en algunos casos paga de manera doble por el mismo hecho, o lo que es peor, se producen grandes diferencias entre regiones en el mismo tipo de tributo. El nuevo tirón de orejas de Bruselas viene por el gravamen a los grandes comercios.
La Comisión Europea ha pedido información sobre el diseño de este impuesto al Gobierno, que aplican algunas Comunidades Autónomas, desveló la semana pasada, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. Es el primer paso del Ejecutivo comunitario para dar un toque de atención serio al país sobre una legislación que afecta a la competencia y libre comercio. Desde el ministerio de Economía explican que el requerimiento que se ha solicitado se basa en la sospecha que el impuesto va en contra del derecho comunitario y admiten que puede afectar a las comunidades que lo aplican.
Tras analizar la información, la Comisión Europea emitirá un informe no vinculante sobre la adecuación del Impuesto a Grandes Superficies a la legislación europea. No es de obligado cumplimiento, pero si la Comisión considera que el Estado no ha adaptado la ley a las recomendaciones realizadas podrá denunciarlo al TJUE cuya sentencia sí sería ineludible, tal como pasó con el céntimo sanitario.
Desde que en el 2000 Cataluña implantara este impuesto, ha sido un gran foco de polémica. El tributo está creado por las Comunidades Autónomas para gravar a las compañías que tienen grandes centro comerciales en su territorio. Desde el primer momento, la Administración se ha opuesto a su funcionamiento y fue recurrido al Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso y los posteriores en Asturias y Aragón.
Otra similitud con el caso del céntimo sanitario es la ambigüedad de la naturaleza del impuesto. El primero estaba destinado a financiar la Sanidad. El Impuesto sobre Grandes Superficies, se impone por el impacto medioambiental de los centros comerciales. TJUE ordenó la prohibición del céntimo sanitario porque no estaba claro que se dedicara a estos fines.
Las Comunidades Autónomas imponen el impuesto a las
empresas cuya superficie supere los 2.500 metros cuadrados, aunque dependen de cada región. En 2013, la recaudación se elevó hasta los 171 millones, con Canarias y Cataluña, como las comunidades con más ingresos, 107 millones y 57 respectivamente.
Como ya adelantó DIRIGENTES, existen otros impuestos que están en el radar de la Comisión Europea, sobre los que podría pronunciarse, después de declarar ilegal el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en no residentes en España. En los últimos años el TJUE ha sido duro la legislación tributaria española y se ha pronunciado para declarar ilegal el IVA en productos sanitarios o el canon digital.
