¿Por dónde vendrán los ajustes?

Bruselas ayer confirmó que España deberá asumir ajustes por 7.700 millones para cumplir con los objetivos de déficit de 2017. Todavía sin aprobar al menos el techo del gasto, el primer trámite parlamentario para aprobar los presupuestos; el Gobierno de Rajoy apura los contactos políticos para enviar a tiempo las nuevas medidas que pide la Comisión Europa para dejar el déficit al 3,8% del PIB. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando fue reelegido en su puesto afirmó que los nueves ajustes eran más que asumibles, pero eso fue antes de que el Ejecutivo comunitario aumentara el esfuerzo fiscal previsto para España, pasando de 5.500 millones a 7.700 millones. Al Gobierno le han cambiado los planes, inicialmente tenía previsto que los Ayuntamientos y las Comunidades Autonómicas asumieran prácticamente la mitad del ajuste. De hecho, en el documento de Informe de acción efectiva que ha analizado el Ejecutivo comunitario para no congelar los fondos europeos de cohesión y desarrollo, el Gobierno estima que las Comunidades Autónomas asuman un recorte de gastos de 1.158 millones de euros y los ayuntamientos, 1.495 millones de euros. El documento también arroja más luz sobre cuáles serán las intenciones del Ejecutivo para pactar los presupuestos. El Ministerio de Economía reconoce que el Impuesto de Sociedades dejará un agujero de 2.385 millones de euros en 2017. Principalmente se debe a la modificación del régimen de pagos fraccionados, que supuso en la práctica adelantar los ingresos procedentes de las grandes empresas. Y en menor medida, unos 180 millones de euros a la reforma del tributo cuando en 2014 se comenzaron a aplicar una reducción de los tipos. Con lo que, lo que fue anunciado como una medida extraordinaria para adelantar los ingresos de Sociedades y cumplir con el objetivo de déficit de 2016 ante la paralización política, tiene pinta de convertirse en una medida permanente. En la normativa que permitió el cambio en el Impuesto de Sociedades no existe un límite de vigencia, por lo cual se puede prolongar más allá de 2018, cuando Montoro prometió que la medida expiraría al rebajar el déficit por debajo del 3%. Descartado públicamente modificar el IRPF, ningún experto descarta ligeras nuevos retoques en el Impuesto de Sociedades para acercar los tipos reales a los nominales, después  de que en la pasada legislatura se bajara los tipos. Abocado a negociar el Gobierno de Rajoy para sacar adelante los presupuestos, las líneas rojas de los grandes partidos también ofrecen pistas de por dónde pueden venir los ajustes si no hay recorte de gastos. El pacto que firmaron PP y Ciudadanos “reformar en profundidad el impuesto de sociedades para cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto, con el objetivo de aproximar los tipos efectivos de las grandes empresas a los nominales”. El PSOE y Podemos también proponen medidas para elevar los impuestos a las grandes empresas. A priori el IVA también será intocable, aunque la insistencia de Bruselas para que todos los socios comunitarios reduzcan el número de productos y servicios con impuestos reducidos, puede que Hacienda vuelva a revisar los elementos de cada legislatura. Donde se abre el abanico de posibilidades es en los impuestos especiales: tabaco, bebidas alcohólicas y carburantes. Una de las recomendaciones de Bruselas va por elevar los impuestos verdes para desincentivar el consumo del diésel. Tampoco se ve mal gravar bebidas azucaradas como se está impulsando desde Cataluña.