El impago de este 1 de mayo ha sido de 367 millones de dólares, el más elevado con gran diferencia hasta el momento pero el del próximo 1 de julio alcanza los 2.000 millones de dólares, de los cuáles 700 millones están garantizados por Constitución local. En concreto, de los 422 millones de dólares que […]
Dirigentes Digital
| 03 may 2016
El impago de este 1 de mayo ha sido de 367 millones de dólares, el más elevado con gran diferencia hasta el momento pero el del próximo 1 de julio alcanza los 2.000 millones de dólares, de los cuáles 700 millones están garantizados por Constitución local.
En concreto, de los 422 millones de dólares que se tenían que pagar el 1 de mayo por el vencimiento de un préstamo contraído en 2011 por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), únicamente se pagaron los intereses (22 millones), al tiempo que se llegó a un acuerdo para aplazar el pago de 33 millones que se debían a cooperativas financieras locales.
El gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, ha explicado que han alcanzado un acuerdo con los bonistas de 120 de esos 367 millones, que han aceptado una quita del 43,75% pero para que el acuerdo tenga éxito tienen que aceptarla todos los acreedores del BGF que en total tiene una deuda de 3.800 millones de dólares.
Puerto Rico, que tienen emitida deuda en total por 72.000 millones de dólares, cree que es imprescindible que EEUU intervenga y antes del 1 de julio apruebe algún mecanismo que permita a la isla declararse en quiebra bajo la protección de la legislación federal -de la que fue excluida en 1984- y pueda reestructurar ordenadamente su deuda.
"Si no, tendremos que hacer frente a un sinnúmero de litigios en tribunales de la isla y de EEUU", alertó García Padilla, lo que dejará a la isla "a merced de jueces como el que recientemente prefirió darle 115 millones a Walmart antes que a Puerto Rico", apuntó en referencia a una demanda que la mayor cadena de comercio minorista del mundo interpuso contra el Gobierno por una fuerte subida de los impuestos que le cobraba.
De hecho, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, advierte al Congreso del riesgo de "impagos en cascada" del gobierno de Puerto Rico y de que si no aprueba "la propuesta de reestructuración" de la deuda de la isla, "el rescate" federal "puede convertirse en la única salida legislativa posible".
El "número dos" en la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, aseguró la pasada semana que espera que se consiga una propuesta legislativa para el 1 de julio. Como Puerto Rico es formalmente un estado libre asociado a EEUU y no un estado más de la Unión, no puede acogerse a la protección del Capítulo 9 de la Ley de Bancarrota, algo que ha solicitado la isla insistentemente y que ha sido rechazado por los republicanos que controlan ambas cámaras del Congreso.
