Puerto Rico se enfrenta a un rescate si la ley aprobada por el Congreso de EEUU no recibe ahora el visto bueno del Senado. Este miércoles comenzará el debate de esta norma que establece una junta de supervisión federal que sería la encargada de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, donde uno de […]
Dirigentes Digital
| 29 jun 2016
Puerto Rico se enfrenta a un rescate si la ley aprobada por el Congreso de EEUU no recibe ahora el visto bueno del Senado. Este miércoles comenzará el debate de esta norma que establece una junta de supervisión federal que sería la encargada de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, donde uno de cada tres dólares que se ingresa se utiliza para pagar a los acreedores, de acuerdo con el Tesoro de EE.UU.
"No vamos a dejar que Puerto Rico vaya por el precipicio. Es demasiado importante", dijo el senador republicano Marco Rubio de Florida. Se trata de la norma que la Cámara de Representantes aprobó a principios de mes y que trata de evitar un nuevo impago de Puerto Rico por importe de 1.900 millones de dólares, según Reuters.
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell también tomó medidas para limitar las modificaciones que pueda sufrir el texto ya que algunos demócratas han puerto objeciones sobre la composición y el funcionamiento de la junta de supervisión que sería designado por Washington, así como disposiciones exigidas por republicanos de la Cámara que podrían reducir los salarios mínimos para los trabajadores más jóvenes.
"Algo hay que hacer…Nos preocupan algunas modificaciones en temas clave como la composición de la junta, los procedimientos para la toma de decisiones en Puerto Rico y, en especial, las disposiciones sobre las horas extraordinarias y el salario mínimo," afirma el senador demócrata Tim Kaine de Virginia. Sin embargo, cualquier modificación sería retrasar el trabajo del Senado.
Puerto Rico se está recuperando de una tasa de pobreza del 45%, un flujo constante de emigración al continente EE.UU. que se reduce aún más su base tributaria y la financiación de los servicios esenciales. Entre las "graves consecuencias" que la Casa Blanca contempla están la suspensión del sueldo de empleados públicos, policías, maestros y trabajadores sanitarios o el recorte de servicios de autobús público o de tren.
