Por primera vez en su historia, Puerto Rico ha dejado de pagar sus deudas. Y lo hace de unas emisiones que son propiedad de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP). El Gobierno de García Padilla decidió no hacer frente a sus obligaciones financieras de una de las empresas públicas del Estado para forzar las […]
Dirigentes Digital
| 04 ago 2015
Por primera vez en su historia, Puerto Rico ha dejado de pagar sus deudas. Y lo hace de unas emisiones que son propiedad de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP). El Gobierno de García Padilla decidió no hacer frente a sus obligaciones financieras de una de las empresas públicas del Estado para forzar las negociaciones con sus acreedores para reestructurar la deuda del país que asciende a 70.000 millones.
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, anunció el impago debido a la falta de fondos asignados para el año fiscal en curso, "esta es una decisión que refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez del estado libre asociado y el balance entre las obligaciones con nuestros acreedores, y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico, igualmente importantes para garantizar que se mantengan los servicios esenciales que el pueblo merece".
Puerto Rico atraviesa serias dificultades debido a una profunda recesión agravada por su astronómica deuda. El Ejecutivo considera que el país necesita una reestructuración para salir de la crisis. Por ello, ha provocado el primer impago, pero no se sabe si se producirán más. El impago no es una sorpresa, ya que hace semanas que el gobernador García Padilla anunció que la deuda no se pagaría tal y como estaba negociado, aunque sin ofrecer detalles de con qué emisiones o acreedores no se cumplirá.
La pasada semana, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, anunció un esfuerzo para reunir liquidez y saldar los vencimientos de deuda más inmediatos de agosto, aunque matizó que quedaba fuera el de la PFC, subsidiaria del BGF, que justificó por falta de liquidez.
Suárez fue el encargado de abordar el asunto en ausencia del gobernador, que viajó a Washington para recabar apoyo entre los legisladores del Congreso para que Puerto Rico pueda acogerse a la ley de quiebras federal que rige en Estados Unidos.
Puerto Rico está excluido actualmente de esa posibilidad y desde San Juan se piensa que una bancarrota ordenada por un juez permitiría llegar a un acuerdo con los acreedores que evite una batalla judicial de consecuencias impredecibles.
La agencia de calificación Standard &Poor’s ha declarado tres emisiones del país en defalut, mientras Fitch no ha tocado el rating del país, ya que no se ha producido el impago sobre la deuda que cubre, aunque ha advertido de la posibilidad seria de producirse.
