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Sabadell pone en venta los activos tóxicos de la CAM

21 de marzo de 2018. 09:00h
  • Sabadell pone en venta los activos tóxicos de la CAM

Tras haberse deshecho en 2017 de 2.500 millones de euros en activos tóxicos inmobiliarios que ostenta tras hacerse con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), el Banco Sabadell ha reducido en un 54% este tipo de activos. Ahora, la entidad busca compradores para otras dos carteras de este tipo de activos. Sabadell todavía posee activos tóxicos de la CAM por valor de 15.200 millones de euros, que debe liquidar antes de 2021 para cumplir con los requisitos marcados por el Banco Central Europeo (BCE), en el marco del rescate al sector financiero español realizado en 2012. La entidad ha insistido repetidas veces que intentará deshacerse de los inmuebles y créditos hipotecarios acogidos al Esquema de Protección de Activos (EPA) antes de la fecha marcada por Frankfurt. Los últimos movimientos del banco parecen respaldar esa afirmación. De hecho, varios medios aseguran este miércoles que Sabadell está ya negociando la venta de los dos paquetes de activos por un precio conjunto que podría alcanzar los 3.300 millones de euros, en una operación en la que está siendo asesorado por la consultora KPMG. Las dos carteras a la venta reciben el nombre de Proyecto Makalu y Proyecto Galerna. El primero de ellos será el cuarto mayor paquete de activos problemáticos que salga a la venta, dado que incluye 2.300 millones de euros en activos adjudicados y créditos impagados que acumuló la antigua caja de ahorros alicantina. El Proyecto Galerna tiene una menor valoración, de 900 millones de euros, y se compone íntegramente de créditos fallidos vinculados al consumo y que ya han salido de su balance, por lo que el importe que se consiga con su venta se incluirá en sus plusvalías. La venta de ambos proyectos depende de la autorización del Fondo de Garantía de Depósitos, que asume las pérdidas de los activos tóxicos a través de los fondos que aportan las entidades bancarias que lo constituyen.  Sabadell y el Fondo negocian desde hace semanas este proceso, que incrementará la cifra de déficit público en un momento en el que el Gobierno intenta cumplir por primera vez las exigencias de Bruselas para recortarlo.