Desde Octubre cuando se aprobó la ley en San Francisco, la plataforma de alquiler de viviendas entre particulares ha estado enviando cartas y correos electrónicos a los más de 5.000 anfitriones de la ciudad para que se inscriban en la Oficina de Alquiler a corto plazo y cumplan así con la normativa, según una carta […]
Dirigentes Digital
| 12 ene 2016
Desde Octubre cuando se aprobó la ley en San Francisco, la plataforma de alquiler de viviendas entre particulares ha estado enviando cartas y correos electrónicos a los más de 5.000 anfitriones de la ciudad para que se inscriban en la Oficina de Alquiler a corto plazo y cumplan así con la normativa, según una carta de Patrick Hannan, director de Asuntos Públicos de Airbnb recogida por Bloomberg.
Ante la perspectiva de un año 2016 que para Airbnb va a ser convulso en el plano judicial, San Francisco parece haber encontrado un marco regulatorio básico para la actividad de Airbnb que además incluye la aplicación de un número máximo de 90 días para el alquiler temporal y un límite de renta mensual. Para Airbnb es clave cumplir con esta norma como precedente de que quiere contribuir a que sus anfitriones cumplan con la legislación. Ahora bien, al hacer pública su base de datos de usuarios la compañía se hace vulnerable frente a posibles competidores.
Pero el principal reto para Airbnb es gestionar las denuncias presentadas en los últimos meses por usuarios de la plataforma como Zak Stone quien publicó un artículo en el que se detalla la muerte de su padre en un alquiler de Airbnb o el caso de Yvonne Schumacher que, junto a su pareja, fue grabada en vídeo mediante cámaras ocultas en una casa que había alquilado en California.
La normativa puesta en marcha por San Francisco puede servir de ejemplo para el resto de ciudades como Barcelona que le ha impuesto una multa en Diciembre de 60.000 euros por publicitar "viviendas turísticas ilegales" Con un registro similar al de San Francisco Airbnb no bloquearía de su web los alquileres ilegales. Más bien al contrario, dejaría en manos de las autoridades locales perseguir a los infractores de la ley.
