Slim, que espera desde hace tres meses autorización del regulador bursátil español para una OPA obligatoria sobre la constructora derivada de una toma de control, contará con ocho de los 15 miembros del nuevo consejo de administración que ratificará la próxima junta. Además del actual primer ejecutivo de la constructora española designado por Slim, Carlos […]
Dirigentes Digital
| 11 jun 2016
Slim, que espera desde hace tres meses autorización del regulador bursátil español para una OPA obligatoria sobre la constructora derivada de una toma de control, contará con ocho de los 15 miembros del nuevo consejo de administración que ratificará la próxima junta.
Además del actual primer ejecutivo de la constructora española designado por Slim, Carlos Jarque, FCC ha acordado el nombramiento de otros tres ejecutivos de la órbita del grupo Carso.
Alfonso Salem Slim, sobrino del multimillonario y consejero de Inmobiliaria Carso, es uno de los consejeros elegidos junto con Antonio Gómez García y Miguel Ángel Martínez Parra.
De manera efectiva Slim ya controla la constructora española al alcanzar el 53 por ciento de los derechos de voto tras participar en dos ocasiones en ampliaciones de capital de rescate para refinanciar la abultada deuda del grupo, avalando incluso a la hasta hace poco mayor accionista e hija del fundador, Esther Koplowitz.
El empresario ya es también el máximo accionista de la filial inmobiliaria Realia tras capitalizar créditos y sanearla y tiene también sobre la mesa una opa de exclusión por la pata cementera Cementos Portland, también con una pesada estructura financiera.
El grupo, que perdió en el primer trimestre 16,7 millones de euros y que todavía tiene pendiente una nueva refinanciación de una deuda de 4.700 millones de euros, propondrá a la junta una serie de modificaciones estatutarias.
Entre ellas, eliminará la necesidad de que al menos el 50 por ciento de los derechos de voto en junta voten a favor de modificar el objeto social o trasladar el domicilio social al extranjero.
También eliminará la actual restricción que obliga a que el consejo ratifique determinadas operaciones con participadas. A partir de ahora, el órgano ejecutivo no tendrá que contar con la aprobación del consejo para contratar determinadas deudas, comprar y vender activos en participadas o filiales o realizar determinados contratos intragrupo.
