Los más de 15 millones que gastaron los 86 ex directivos de Caja Madrid a través de tarjetas de crédito fuera de control solo es una muestra más de cómo estaban dirigidas las extintas cajas de ahorro y al expolio a las que fueron sometidas. Indemnizaciones millonarias, sueldos desorbitantes, visas oro a cargo de la entidad, préstamos a ‘amigos’, créditos desbocados a promotores inmobiliarios y otras fechorías son la larga lista de motivos que explican porque el sistema financiero casi se hunde, y si no lo hizo fue por los miles de millones a fondo perdido que se han utilizado para rescatar a estas entidades.
Todos los casos de corrupción que se van destapando demuestran que no eran puntuales, eran una práctica generalizada en casi todas las entidades, dependiendo de cada una de ella era sistematizado o claramente realizado con descaro. El problema de fondo estaba en su propia estructura y en como los partidos políticos fueron tomando cota de poder en los órganos de administración de la caja, borrando cualquier hálito de independencia. En el ejercicio de responsabilidad tampoco hay que olvidar a sindicatos, ayuntamientos, patronal e incluso a sacerdotes que dirigieron hasta la quiebra a Cajasur.
Los antiguos gestores de las cajas habían sido elevados a los cargos de dirección por las fuerzas políticas y mantenerse en el puesto no dependía de una buena gestión, sino de tener contentos a los que habían propiciado estar en el sillón presidencial. Los favores se pagan como se ha visto en la crónica de una estafa generaliza, en la que no se ha escrito el último capítulo, que está basada en un sistema corrupto lleno de amiguismo e intercambio de favores.
Con la caída de la primera caja, Caja Castilla La Mancha, la sociedad empezó a descubrir cómo funcionaba el sistema. Una entidad en teoría pública arruinada por la concesión créditos a promotores inmobiliarios, que casualidades de la vida estaban vinculados al partido de turno en el poder. Su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, fue militante y alto cargo del PSOE en la comunidad. Pero había más. Hoteles y restaurantes de lujo, viajes en primera clase e inversiones en obras de arte, a cargo de las cuentas de la caja.
Puro enchufismo
Quien dirigía la caja, no era ni la persona más preparada, ni un hombre que se había formado en la entidad, ni gente de reconocido prestigio, salvo excepciones. Eran puestos a dedo y la cualidad más valorada era la capacidad der ser permeable a intereses externos de la entidad y una gran ambición en trincar lo máximo posible. Las cajas de ahorro fueron durante mucho tiempo el brazo financiero de los gobiernos autonómicos para grandes proyectos.
Una de las prueba está en la Comunidad Valenciana. La que fue directora general de la CAM, apoyada por el PP regional para hacerse con el puesto, en apenas diez meses que duró en el cargo se puso un sueldo anual de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 370.000 euros.
Lo más sangrante no queda en los elevados sueldos y el despilfarro. Después de que la mayoría de gestores fueran expulsados de sus puestos tras dejar en quiebra a las entidades, venían escandalosas indemnizaciones y multimillonarias prejubilaciones. Solo hace falta tirar de hemeroteca. José Luis Pego, con solo nueve meses como director general en Novacaixagalicia, se fue con 18,5 millones, de los cuales 7,7 millones son por la jubilación anticipada, 3,9 millones por la indemnización y 6,9 millones por el plan de pensiones. Su antecesor no se quedó corto con una prejubilación de 16,5 millones. Y el último presidente, José Luis Méndez, se embolsó 15 millones de euros. En Caixa Penedés, cuatro ejecutivos se aseguraron un plan de pensiones de 20 millones. Y así una larga lista de ejecutivos con un dorado retiro, justo antes de que las cajas fueran intervenidas. Lo que no se encuentra en la hemeroteca es que ni una parte de las cantidades hayan sido devueltas.
Y para rematar al ciudadano perplejo por la situación y que encuentra cerrada las puertas de las antiguas cajas integradas hoy en los bancos, tiene que desayunar con noticias como las tarjetas b de Caja Madrid y la facilidad de crédito que tenían sus directivos. Miguel Blesa, que tuvo una indemnización de 2,7 millones, había obtenido préstamos por casi un millón de euros, sin necesidad de avales y a interés cero. Y así casi la mitad de directivos que aparecen en la lista.
Pero las prebendas no se han reducido a los propios directivos, como se demostró en el caso del antiguo presidente de la CEOE, Díaz Ferrán. Sus
empresas obtuvieron un crédito de 26 millones saltándose cualquier control del riesgo. Por no hablar de los préstamos millonarios a los propios partidos políticos, en condiciones que ninguna empresa española puede soñar.