Hoy el juez Fernando Andreu está tomando declaración a 27 antiguos
directivos de Caja Madrid como imputados por el uso de tarjetas opacas, en el que 78 miembros de la cúpula directiva gastó casi 15 millones de euros. El primero en someterse al interrogatorios ha sido José Antonio Moral Santín, ex vicepresidente de la entidad durante la época de Miguel Blesa, que gastó 456.522 euros, gran parte de la cantidad gracias a disposiciones en metálico de cajeros automáticos.
El antiguo directivo se ha desayunado además con la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imponerle una finanza civil de 608.000 euros, para cubrir las posibles consecuencias del proceso penal de devolver y compensar por la cuantía de la que se benefició. Se trata de un tercio más del gasto que realizó. Tanto el Ministerio Público como el Frob han solicitado al juez que extienda la fianza a todos los imputados con el mismo cálculo para recuperar los 15 millones de sobresueldo que conbraron en total.
Además de Moral Santín, representante de Izquierda Unida en la caja, también declararán dos vocales del PSOE, el exdiputado regional Ramón Espinar, que cargó 178.400 euros, y el exalcalde de Móstoles (Madrid) José María Arteta, que gastó 139.000 euros.
También serán interrogados los sindicalistas de CCOO Juan José Azcona, Pedro Bedia y Rodolfo Bedia (que gastaron 99.300, 78.200 y 140.600 euros, respectivamente), el integrante de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.700) y el miembro de la Confederación de Cuadros Ignacio de Navasqües (195.000). Completan la lista de interrogados dos representantes de la patronal: el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán (94.000 euros) y Guillermo Marcos, de Unipyme (133.600).
Los primeros en llegar al juzgado han sido recibido con gritos de golfos y mangantes por parte de afectados por las preferentes que les esperaban a las puertas de la Audiencia Nacional. Durante toda la semana declararán el resto de miembros de la directiva. Los presidentes Rodrigo Rato y Miguel Blesa y el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj ya declararon el pasado mes de octubre semanas después de que estallara el escándalo.
Andreu impuso una fianza de 16 millones para Blesa y de tres millones para Blesa.
