Los taxistas dirigieron también su protesta a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y la desregulación del sector que prepara y que, según dicen, sólo beneficia a grandes multinacionales como Uber. La protesta iba acompañada por un paro de la actividad entre las 11:00 y las 13:00 horas. Además, una manifestación, convocada […]
Dirigentes Digital
| 18 feb 2016
Los taxistas dirigieron también su protesta a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y la desregulación del sector que prepara y que, según dicen, sólo beneficia a grandes multinacionales como Uber. La protesta iba acompañada por un paro de la actividad entre las 11:00 y las 13:00 horas. Además, una manifestación, convocada por la Federación Nacional del Taxi comenzó en la Plaza de Colón y, precedida por 25 taxis, hizo un recorrido hasta la sede de la CNMC, donde el presidente de la patronal, Miguel Ángel Leal, leyó un comunicado.
Para los taxistas, plataformas como UBER o Cabify no son economía colaborativa sino multinacionales que operan al margen de la ley.
La CNMC considera que el taxi debería "modernizarse" ya que tiene una regulación excesiva. El regulador pidió en enero al Ministerio de Fomento y al Consejo de Ministros que anule varios artículos de la normativa que regula la actividad de las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) aprobada en noviembre de 2015.
Para el regulador de la competencia la normativa "impide que los taxis y los vehículos con conductor compitan entre sí y que los consumidores puedan beneficiarse de una mayor disponibilidad de vehículos, un menor tiempo de espera y una mayor competencia en precios, calidad e innovación".
Según los taxistas, la CNMC y los ‘lobbies’ de las multinacionales persiguen transformar la actual estructura económica de explotación del servicio público del taxi en España, prestada al 98,3 % por trabajadores autónomos, hacia un sector dominado por operadores en manos de multinacionales.
El sector del taxi cuenta con más de 70.000 trabajadores autónomos y factura unos 4.000 millones de euros anuales. La patronal recuerda que más de la mitad van destinados a las arcas públicas. La justicia, sin embargo, no parece tener muy claro qué hacer ante esta situación. Mientras un juzgado dictó en diciembre de 2014 el cese de actividad de Uber en España, otro en noviembre de 2015 descartó el cierre de Cabify.
