El propio Gallardón, que tomó la decisión de dimitir la pasada semana, indicó durante su comparecencia ante los medios de comunicación, que no la llevó a cabo hasta no tener redactados los recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) para poner freno a la consulta catalana convocada para el 9 de noviembre. El siguiente paso es que el Presidente del Gobierno interponga formalmente el recurso.

El todavía ministro afirmó el pasado martes que "está todo absolutamente preparado" para responder. De momento, el Parlament tiene que publicar la ley de consultas en el Boletín Oficial par que el Gobierno pueda recurrir.

El otro caso que ha resultado ser un quebradero de cabeza para Ruiz-Gallarón ha sido el caso Blesa, que lleva bloqueado en los juzgados varios meses. La causa contra Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, por la compra irregular del City National Bank of Florida, ha pasado por las manos de cinco jueces diferentes desde mayo de 2013 siendo el primero Elpidio Silva, que resultó procesado y apartado del proceso.

Muchas han sido las críticas a Gallardón, señalado tanto por la acusación particular (Manos Limpias) como por el sindicato de funcionarios de intentar paralizar la investigación desde que se abrió el caso en 2012. De hecho, Silva fue apartado del proceso sólo veinte días después de que mandara a Blesa a la cárcel. De momento, el pasado 17 de septiembre, el juez Fernando Andreu admitió que los correos electrónicos del expresidentes de Caja Madrid sean admitidos en la causa por la venta de preferentes, el otro proceso abierto de Blesa con la Audiencia Nacional.

Estos dos frentes abiertos, la ley de consultas catalana y el caso Blesa, son sólo dos muestras de la polémica trayectoria de Gallardón como Ministro de Justicia. Pero también han copado titulares y reacciones adversas la reformas del Código penal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Registro Civil, así como la ley de Tasas Judiciales. ¿Seguirán adelante o se verán paralizadas al igual que la ley del aborto?