Los inversores internacionales reducen su exposición en las acciones españolas

Los inversores no residentes controlaban a cierre de 2021 el 48,8% de las acciones españolas, 1,1 puntos porcentuales menos que hace un año. Con todo, se mantienen como el primer grupo en la propiedad de las cotizadas españolas, según la última actualización de datos del Servicio de Estudios de BME de un informe que cumple tres décadas. Le siguen las familias, que poseen el 17,1%, mismo porcentaje que en el ejercicio anterior. En conjunto, ambos grupos controlan dos tercios de las acciones españolas, muy por encima del resto de inversores.

En lo que va de siglo, los inversores internacionales han incrementado en más de 14,5 puntos porcentuales su peso en la Bolsa española. La mayor internacionalización de las compañías españolas, en especial de las cotizadas, es uno de los factores que explican este crecimiento. Los inversores no residentes muestran una clara preferencia por las compañías cotizadas, ya que según los datos de las Cuentas Financieras a cierre de 2021 publicadas por el Banco de España, los inversores no residentes apenas controlan el 24% de las compañías no cotizadas, algo menos de la mitad de lo que ocurre con las compañías que cotizan en Bolsa.

Dentro del grupo de los inversores internacionales, predominan los inversores institucionales: gestoras de fondos de inversión y de pensiones, fondos soberanos, compañías de seguros, fondos de Capital Riesgo o Private Equity e incluso bancos de inversión e intermediarios que mantienen carteras de acciones.

Según destaca el informe, la fuerte presencia de inversores internacionales y la importancia del mercado bursátil para dotar de una valoración eficiente a estas participaciones y proporcionar la liquidez adecuada deberían ser argumentos de peso contra el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). “Al no ser un impuesto consensuado con la UE, el mercado bursátil español y por ende las principales empresas españolas cotizadas están siendo injustamente penalizadas como alternativa de inversión frente a otras empresas competidoras radicadas en otros mercados europeos o no”, indica el informe coordinado por Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME.

La participación de las familias en las cotizadas españolas se mantiene estable en el 17,1%, muy lejos del máximo histórico del 33,6% alcanzado en 1999. En los últimos años ha seguido una tendencia a la baja, en convergencia con el resto de Europa donde la participación de los inversores minoristas ha sido tradicionalmente inferior que en España. El aumento de la actividad minorista detectada en los mercados de Estados Unidos y, en menor medida, de Europa tras el comienzo de la pandemia no tuvo continuidad en 2021. En parte, por la toma de beneficios tras la intensa recuperación bursátil.

Entre las razones que explican la menor inversión directa en acciones de las familias españolas están la incapacidad de las sucesivas reformas de los mercados financieros y de valores europeos de incorporar a más inversores, la ausencia casi total de tramo minorista en las últimas salidas a Bolsa, el creciente peso de los Fondos de Inversión en las carteras de los inversores, el reducido rendimiento estos últimos años de sectores populares para los minoristas como la banca o las telecomunicaciones y el creciente interés de los inversores por los criptoactivos.

Las empresas no financieras, por su parte, controlan el 20,9% de las cotizadas españolas, apenas una décima porcentual menos que un año antes. Las Instituciones de Inversión Colectiva, seguros y otras instituciones financieras no bancarias elevan su peso hasta el 7%, frente al 6,4% anterior, mientras que las Administraciones Públicas poseen el 2,7% (dos décimas menos) y los bancos y cajas un 3,5%. Este dato supone un crecimiento de ocho décimas porcentuales e implica el máximo desde 2015.