La famosa taxonomía va tomando forma. Las características de la clasificación de las inversiones verdes se ha consensuado a nivel de embajadores, pero ahora todo debe negociarse con el Parlamento Europeo, que ya aprobaba en marzo sus exigencias de cara a las conversaciones que han mantenido los diferentes países.

Hay acuerdo en que este sistema de clasificación esté concluido a finales del año que viene para que se aplique a finales de 2022.

El objetivo es terminar con el denominado "greenwashing", que hace que se comercialicen productos financieros bajo la etiqueta de verdes o sostenibles sin que cumplan con los estándares medioambientales más básicos. Además, se persigue acabar con la fragmentación que supone que cada país aplique sus propias iniciativas.

Seis objetivos

En concreto, el sistema acordado por los Veintiocho determina seis objetivos medioambientales: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, transición a una economía circular, prevención de la contaminación, protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas y, por último, el uso sostenible y la protección del agua y los recursos marítimos.

De este modo, para que se otorgue una clasificación como sostenible a una actividad económica, ésta deberá contribuir de forma sustancial al menos a alguno de estos seis objetivos. Además, no debe perjudicar al resto, además de desarrollarse esa actividad en términos sociales y de gobernanza y asumir criterios específicos de supervisión.

Pese a este paso al frente, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Servicios Financieros, Valdis Dombrovskis, ha reconocido que esto no será suficiente para que la UE logre descarbonizar su economía para 2050.