Es uno de los temas de actualidad desde hace semanas: la Justicia Europea declara nulas las cláusulas suelo impuestas en los contratos de hipotecas, por lo que miles de ciudadanos deberán recibir el dinero cobrado de más desde que firmaron su hipoteca. En España, la mayoría de los ciudadanos pagan en sus hipotecas unos intereses que resultan de la suma del euríbor más un diferencial. El euríbor es el tipo de interés al que 64 bancos se dan préstamos entre sí, y va fluctuando. En el año 2008, el euríbor alcanzó sus cifras más elevadas, rozando el 5%. En 2009, el euríbor cayó hasta el 2,62% y siguió en descenso. Ante la reducción de este índice, miles de ciudadanos esperaban ansiosos la revisión de su cuota de hipoteca, que debería ser significativamente menor. Sin embargo se encontraron con que, pese a que el interés debería haber caído con un euríbor más bajo, ellos debían seguir pagando entre un 3 y 3,5% de media. El banco les había impuesto una cifra mínima de intereses que se mantendría aunque el euríbor cayera. La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguro (Adicae) cifra en dos millones de personas los afectados en España, y aseguran que cada familia perjudicada pudo pagar entre 2.155 y 4.276 euros al año (para hipotecas de entre 150.000 y 250.000 euros) por no beneficiarse de la caída de tipos. En mayo de 2013 llega la primera sentencia que declara nulas (parcialmente) las cláusulas suelo. BBVA, Cajasur, Caja de Ahorros de Galicia, Vigo, Orense y Pontevedra (hoy NCB Banco) fueron las primeras afectadas, y se les obligó a eliminar las cláusulas suelo, que habían sido, según el Tribunal Supremo, “poco transparentes”. Esta doctrina tenía efecto desde el 9 de mayo de ese mismo año, por lo que los bancos solo debían devolver el dinero cobrado de más solo a partir de entonces. Ya en 2016, la justicia madrileña declaró nulas las cláusulas suelo de 40 entidades y cajas respondiendo a una demanda presentada por 15.000 usuarios a través de Adicae. Sin embargo, esta sentencia se basaba en la del Supremo, y solo se devolverían las cantidades cobradas indebidamente desde mayo de 2013. En diciembre de 2016 la Justicia Europea daba la razón a los afectados por la cláusula suelo. Fijar ese límite al euríbor y evitar que los clientes se beneficien de su caída es ilegal, por lo que los ciudadanos podrán reclamar que se les devuelva el dinero cobrado de más. Las dudas surgen ahora en el cómo reclamar. El Gobierno ha aplazado una semana más la aplicación del mecanismo que quiere crear para resolver las peticiones de los afectados. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmaba que crearán un sistema de reclamación extrajudicial para evitar que se colapse la justicia ordinaria. Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmaba que los bancos devolverían lo cobrado de más en un plazo de tres meses, tiempo que a Catalá se le hizo corto. La falta de acuerdo dentro del Gobierno hace que se desconozcan con exactitud los detalles de esta forma de reclamación. “Tenemos mucha curiosidad en cuanto a la obligatoriedad de someterse al procedimiento por parte de las entidades bancarias, la instrumentación de la devolución y el alcance de la misma considerando las cantidades que podrían recuperarse en caso de una sentencia estimativa, versus el procedimiento extrajudicial que se está elaborando”, opina a este respecto Silvia Palacios, abogada del despacho Sanahuja-Miranda. Palacios afirma que “es bastante problema que cantidades que pueden reclamarse en la demanda, como son los gastos de constitución de hipoteca, no estén consideradas como procedentes en el ámbito del Decreto-Ley, por lo que igualmente deberá acudirse a los tribunales a los efectos de lograr su devolución”. La abogada se refiere a los gastos por el Impuesto a los Actos Jurídicos Documentos (AJD), el notario, el registro de la propiedad y de gestoría. Sobre estas dudas ya se pronunció Adicae, quien puso en marcha reclamaciones judiciales colectivas para que los consumidores puedan reclamar los gastos hipotecarios. La asociación quiere conseguir que se alcancen acuerdos con los bancos pero advierte de que no está claro qué tiene que pagar el consumidor y qué el banco. Por ello, afirma que trasladará al Parlamento propuestas de reformas legislativas en materia fiscal para aclarar estos aspectos.
hemeroteca
