Las consecuencias del «Hard Brexit»

La primera ministra británica Theresa May anunció este martes su intención de seguir adelante con la desconexión europea de la manera más directa posible; rompiendo con el mercado único. Desde el 31 de marzo que se active la clausula 50 del Tratado de Lisboa y hasta 2019, se iniciara un proceso de negociación para definir las nuevas reglas del juego. Sin embargo, el principal objetivo del Gobierno inglés es recuperar el control absoluto sobre sus fronteras, lo que entra en contradicción con uno de los principios fundacionales del marco comunitario; la libre circulación de personas. Las intenciones de Reino Unido para esta nueva etapa pasan por establecer acuerdos unilaterales con cada una de las potencias comerciales, incluida la Unión Europea, para recuperar el control total sobre sus propias políticas. En el caso de sus antiguos socios espera poder llegar a un «Acuerdo de Libre Comercio» (FTA) que contemple las ventajas que ahora recoge el mercado único. Por otro lado, el bloque europeo ya ha dejado clara su postura respecto a la imposibilidad de mantener ciertos beneficios fuera de mercado comunitario. Otros economías tradicionalmente ligadas al mercado británico (Common Wealth), ya han expresado su interés en establecer estas relaciones cuanto antes, como India, Australia o Nueva Zelanda. La decisión de seguir adelante con el llamado «Hard Brexit» (Brexit Duro) ha generado miles de interrogantes sobre el futuro de los trabajadores o empresas extranjeras en suelo británico. Para entender la complejidad de la salida del mercado único hay que analizar sus consecuencias reales a nivel económico: La libre circulación de mercancías: este derecho se basa en la eliminación de los derechos de aduana y de cualquier otro tipo de restricción cuantitativa (aranceles) o medidas equivalentes. Para su realización efectiva se sumaron el principio de reconocimiento mutuo y la eliminación de las barreras físicas y técnicas. Como consecuencia de estos derechos surgen también ciertas obligaciones para los estados miembros como la sujeción a las normas comunitarias de competencia o a la vigilancia de las autoridades del mercado. El resultado es una progresiva armonización de las normas europeas en materia de comercio (protección al consumidor, medio ambiente, etc…). La libre circulación de trabajadores: este derecho incluye tanto la libertad de entrada en los estados miembros como el derecho a residir allí y la obligación a recibir el mismo trato que los nacionales. El objetivo es eliminar toda discriminación por razón de nacionalidad para cualquier ciudadano comunitario. Por lo tanto, tendrá derecho a buscar empleo en otro país, recibir asistencia de la oficina de empleo local y ser contratado bajo las mismas condiciones. Del mismo modo, tampoco pueden diferenciarse a la hora de ser despedidos y gozarán de las mismas ventajas sociales y fiscales y del mismo acceso a la vivienda o ejercicio de los derechos sindicales. Libertad de establecimiento y prestación de servicios: este derecho garantiza la movilidad de empresas y profesionales en la Unión. El objetivo es que tanto los trabajadores por cuenta propia como las personas jurídicas puedan llevar a cabo una actividad estable en otro país miembro o ofrecer y prestar sus servicios en otros estados miembros. Esto supone ir un paso más allá de la discriminación por nacionalidad y eliminar cualquier traba en relación a las normativas nacionales (armonización). Libre circulación de capitales: esta fue la última en incluirse en el tratado fundacional y la más amplia, pues también incluye a terceros. Esta obligación prohíbe cualquier tipo de restricción sobre los movimientos de capitales o los pagos dentro del mercado común. El objetivo es impulsar el progreso económico al permitir una inversión eficiente del capital y promover el uso del euro como moneda internacional. Sin embargo, el derecho a la libre circulación de capitales no se ve afectado por obligaciones de notificación, es decir, la notificación de operaciones transfronterizas (por ejemplo, por pagos electrónicos o movimientos de efectivo y títulos por encima de ciertos límites) a efectos estadísticos del sector exterior. La pérdida de este derecho podría afectar especialmente a Londres, considerada la «city» financiera, por las posibles trabas regulatorias para el negocio bancario.  Frentes abiertos Una vez que el proceso de desconexión se inicie, comenzará una «fase de transición» que se prevé dure dos años, entre el momento del divorcio y los futuros acuerdos. Sin embargo, Reino Unido tiene asuntos pendientes que podrían comprometerlo con la Unión más tiempo del deseado. Por un lado, el sistema británico es uno de los más potentes de la UE a nivel económico, pero también uno de los más endeudados. Reino Unido se encuentra dentro del grupo de países cuyo déficit supera el límite fijado en el Pacto de Estabilidad (con un 3,5% en 2016 y previsiblemente un 2,8% en 2017). El Kings College de Londres ya apuntó en un informe que el Gobierno podría tener que pagar hasta 60.000 millones de euros para cubrir los compromisos todavía vigentes y las pensiones de los funcionarios europeos. Además, los Presupuestos comunitarios se aprueban a siete años vista, lo que podría comprometer a Reino Unido hasta finales de 2020 a pesar de su salida. Sin embargo, Theresa May ya ha expresado en numerosas ocasiones que Reino Unido no hará más contribuciones al presupuesto comunitario a partir del momento en el que se haga oficial la desconexión y espera llegar a un acuerdo «económicamente racional» con sus antiguos socios. Otro problema a negociar será la entrada de ciudadanos europeos en suelo británico. La primera ministra no ha cerrado la puerta a esta opción, aunque si ha matizado que se instalarán ciertos controles sin especificar. En algunas declaraciones ha llegado a insinuar que el interés de Reino Unido es atraer a gente «especialmente cualificada y brillante», lo que podría establecer un primer baremo de selección. También habrá que abordar la situación de aquellos europeos que residen actualmente allí o de los británicos en la UE, un asunto que May quiere aclarar cuanto antes.

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