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EE.UU. busca contener a China en América Latina

La DFC fomenta el boicot internacional a la iniciativa china Belt and Road, o BRI, sobre dos ideas concretas. Primero, la USDFC concede créditos, seguros e inversiones directas solamente al sector privado de las naciones en desarrollo. China, al contrario, suele extender sus préstamos al sector estatal de dichas naciones. Esto, en caso de default, […]

Internacional

Dirigentes Digital

24 feb 2021

La DFC fomenta el boicot internacional a la iniciativa china Belt and Road, o BRI, sobre dos ideas concretas. Primero, la USDFC concede créditos, seguros e inversiones directas solamente al sector privado de las naciones en desarrollo. China, al contrario, suele extender sus préstamos al sector estatal de dichas naciones. Esto, en caso de default, forzaría cesiones de activos estratégicos a China (lo cual, según Washington, también amenazaría la seguridad nacional de EE.UU.). En segundo lugar, la DFC dice fomentar inversiones con un efecto netamente beneficioso sobre las economías locales, no como BRI. De las empresas chinas involucradas en inversiones dentro del marco BRI, EE.UU. ha denunciado el empleo casi exclusivo de trabajadores chinos, sin apenas beneficio para los países receptores. Y, a través de los medios de comunicación locales, también ha sido difundida la idea recurrente del impacto negativo de las empresas chinas sobre el medioambiente. Con ambas ideas, en consecuencia, la DFC busca fomentar un rechazo internacional total a BRI.

La Secretaría de Estado de EE.UU., más activa dentro del organigrama de la DFC, se encarga de defender los intereses estadounidenses en política exterior (incluidas todas las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional). La Secretaría de Comercio, por su parte, tiene un mandato de fomentar los intereses comerciales estadounidenses a través de la DFC. Y la Secretaría del Tesoro, por último, es el organismo gubernamental desde donde se financia la DFC. Esta institución norteamericana obtiene todos sus fondos, exclusivamente, de sus cuentas vinculadas al Departamento del Tesoro. Si extiende un préstamo, atiende sus obligaciones como entidad aseguradora o realiza otras inversiones, la DFC toma esos fondos prestados del Departamento del Tesoro estadounidense. El límite del pasivo contingente de la DFC, o “contingent liabilities”, se ha doblado hasta los sesenta mil millones de dólares en virtud de la BUILD Act de 2018. Sin embargo, mediante la garantía de créditos o seguros, la DFC movilizará muchos más recursos avalando inversiones a través del Tesoro. Por ejemplo: avalando un crédito del banco estadounidense CITIBANK, al hondureño Banco del País S.A., la DFC ha movilizado casi cien millones de dólares en 2020. Ese dinero no sale directamente de la DFC. Pero sin su garantía sobre dicho crédito, avalado en última instancia por el Departamento del Tesoro de EE.UU., CITIBANK difícilmente habría concedido esos fondos al Banco del País S.A. (los cuales serán utilizados para otorgar nuevos préstamos al sector de las PYMES). Lo mismo podría decirse sobre las reestructuraciones de deuda en otras naciones, como Santa Lucía, donde la DFC se ha limitado a asegurar inversiones sobre sus bonos soberanos valoradas en cien millones de dólares durante 2020. Es decir, además de los programas presupuestados anualmente, la USDFC puede avalar créditos de terceros o asegurar deuda hasta alcanzar los sesenta mil millones de dólares en su pasivo contingente. Si dichos avales son sobre instrumentos de deuda sin riesgo excesivo de impagos, entonces, podrían incluso superar esa cantidad. Concretamente, mediante garantías sobre créditos de terceros, la USDFC espera movilizar préstamos por siete mil seiscientos millones de dólares solamente durante 2021. Su balance total de créditos, seguros e inversiones suma 33.535 millones de dólares hasta la primera mitad de 2020.

OPERATIVA DE LA DFC EN AMÉRICA LATINA

Latinoamérica es la región del mundo con más financiación e influencia de la DFC. Los 10.496 millones de dólares movilizados hasta este momento suman un 31% del total a nivel mundial en términos de financiación de la DFC. Y 5.190 millones de dólares, casi la mitad a escala regional, son líneas de crédito extendidas al sector financiero en América Latina (mediante préstamos directos o, sobre todo, avales). Los avales, en forma de garantías sobre créditos de terceros, suman alrededor del 60%.

En el segundo sector más financiado por la DFC, el eléctrico / renovables (con 2.910 millones de dólares), también predominan los avales a terceros inversores. Y, en el caso concreto de los créditos al sector bancario latinoamericano, las condiciones sobre su uso se determinan desde la DFC. Es decir, a la hora de financiar inversiones en diferentes sectores, el cliente final o beneficiario último del crédito no debe tener tratos comerciales con naciones como China.

Esta expansión hacia el sector financiero latinoamericano, mediante la concesión de avales respaldados por el Tesoro de EE.UU. de acuerdo con la BUILD Act, busca condicionar las políticas de crédito e inversiones a escala regional mediante normas dictadas desde la propia DFC. EE.UU. está intentando intensificar su influencia en América Latina a través del sector financiero latinoamericano, sobre todo, tras el anuncio de la iniciativa comercial china BRI.

GUERRA FRÍA CON CHINA Y POLÍTICA DE INFLUENCIA

Las relaciones de EE.UU. con numerosas firmas locales del sector financiero o energético son una herramienta fundamental a la hora de ejercer su influencia en Latinoamérica. En 2016, por ejemplo, se registró un aval de la DFC a CREDICORP-PANAMA. El nuevo Ministro de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), Ramón Martínez, estaba entonces en los comités directivos de CREDICORP PANAMÁ. Además de tener vínculos con EE.UU., al haber completado su formación en Minnesota, Martínez ha congelado las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Panamá-China. Mediante dicho TLC, entre otras actuaciones, Panamá buscaba ser un hub de bienes agropecuarios hacia China (lo cual beneficiaría, sobre todo, a los pequeños agricultores). Ramón Martínez, además, fue invitado en octubre a una entrega de premios en la Cámara de Comercio de EE.UU. (AMCHAM). Y, en dicha ceremonia, fue galardonada una firma de energías renovables con la cual colabora frecuentemente la DFC: AES. Lejos de ser hechos aislados, o circunstanciales, denota una dinámica de influencia estadounidense sobre las políticas comerciales e industriales de Panamá. Algunas fuentes han señalado lo siguiente: “todos los servidores públicos, abiertamente favorables al acercamiento comercial con China, han sido degradados en sus puestos. Dentro del MICI, concretamente, no tienen interés en hablar sobre el TLC. Y se están desincentivando, activamente, todas las iniciativas relacionadas con China”. EE.UU., además, está fomentando el negocio de grandes firmas latinoamericanas al efecto de influir en sus diferentes gobiernos. Los sectores energético / financiero suman el 81% de todos los fondos de la DFC en Latinoamérica. Y, cuando grandes directivos cercanos a la DFC acaban siendo ministros, EE.UU. no duda en ejercer su influencia de inmediato. Mediante una estrategia multidimensional, afirman las mismas fuentes, EE.UU. busca reducir los vínculos empresariales de China con América Latina. Y, de manera indirecta, distorsionar las cadenas latinoamericanas de valor con China. Es, a una escala todavía menor, la Guerra Fría del siglo XXI.

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