Cuando los líderes europeos se apresuraron a anunciar su acuerdo histórico para rescatar a la Unión, se dejaron por el camino algunas pretensiones que pretendían vigilar a algunos países cuya deriva autoritaria comenzaba a ser preocupante. En un principio, se iban a condicionar los fondos europeos a cuestiones económicas pero también al cumplimiento de ciertos estándares democráticos.

No obstante, como había prisa, todo quedó en buenas intenciones, lo que se resume en la frase que se incluyó en el documento final: "El Consejo Europeo destaca la importancia de respetar el estado de derecho". Los dirigentes europeos hicieron la vista gorda ante países como Hungría y Polonia para poder sacar adelante el nuevo presupuesto.

Como todo en la unión continental, la aprobación de estos fondos depende de algún que otro visto bueno: del Parlamento Europeo y de los países miembros. No satisfecho con haber conseguido rebajar las pretensiones democráticas del Consejo Europeo en julio, Viktor Orbán, el máximo dirigente húngaro, eleva su apuesta y amenaza con vetar los nuevos presupuestos si las mínimas exigencias europeas no se retiran del todo.

De ese modo, el presidente hungaro tiene la llave de los 1,8 billones de euros, entre los que se encuentran los 750.000 millones de euros del fondo de recuperación. Dicho de otro modo: la que fue la segunda reunión más larga de la historia del Consejo Europeo y una de sus decisiones más determinantes podrían no servir para nada.

La preocupación de los líderes les llevó a tratar el tema este jueves, durante la última reunión telemática del Consejo Europeo. Sin embargo, se han emplazado a una nueva reunión presencial para tratar el asunto en profundidad. A los presidentes húngaro y polaco se les ha sumado su homólogo esloveno. Todo gira alrededor del mecanismo que pretende introducir el Parlamento Europeo para sancionar a los países que no respeten el estado de derecho y los valores europeos.

De ese modo, la burocracia comunitaria fue finalmente capaz de introducir una manera de vigilar el funcionamiento democrático de los países, si bien puede dar al traste con todos los progresos conseguidos en julio. Así lo manifiesta la sociedad civil, representada por el Comité Económico y Social Europeo: “No podemos permitirnos que todo el presupuesto de la UE y el fondo de recuperación sean utilizados como moneda de cambio por unos pocos gobiernos”.

Asimismo, el órgano consultivo de la Unión Europea lamenta este veto oportunista de los dos países que se oponen a los acuerdos alcanzados por la mayoría.: “Utilizar las dificultades económicas de los ciudadanos de la UE para obtener beneficios políticos no es la forma de lograr relaciones armoniosas de la UE e instamos a los gobiernos disidentes a actuar con responsabilidad y llegar a un acuerdo lo antes posible”.