“El plan está listo”, dijo este martes (8) el ministro de Ciudadanía de Brasil, Onyx Lorenzoni, sobre la propuesta del presidente Jair Bolsonaro de extender hasta fin de año los pagos de emergencia a trabajadores informales, microemprendedores y parados que se quedaron sin ingresos durante la pandemia. 

El Gobierno de Brasil había comenzado a pagar, en abril, 95,50 euros por mes a brasileños de bajos ingresos con el propósito de minimizar el perjuicio social de la crisis económica, potencializada por la emergencia sanitaria. Desde entonces, el Auxilio Emergencial, tal su nombre, supuso casi 8000 millones de euros por mes al erario.

La emergencia social

Hasta agosto, la suma llegó a 65,3 millones de brasileños pobres, según la agencia oficial de noticias. Con ello, aumentó la popularidad de Bolsonaro, que venía cayendo en medio de controversias por la propia pandemia y la paralización de la economía. Pero, al mismo tiempo, generó preocupación en Hacienda.

Paulo Guedes, el titular de ese ministerio, se había propuesto, al iniciar su mandato, revertir el déficit fiscal de Brasil. Entre otras medidas para su propósito, contaba con el “techo de gastos”, un ajuste en las cuentas públicas para limitar en el presupuesto nacional los gastos del Estado hasta 2036.

El coronavirus desmanteló esa agenda y los más de 40.000 millones ya destinados a contener los efectos sociales de la pandemia representan un fuerte cambio de escenario para la reactivación económica que se proponía el equipo liberal. Ahora, abandonar el subsidio implica un alto riesgo. Pero mantenerlo también complica los cálculos oficiales

Mantener la ayuda

Es por ello que el plan contempla continuar entregando un subsidio hasta fin de año, pero reduciendo su volumen de aquí a fin de año. De acuerdo con el nuevo plan, cada beneficiario pasará a recibir 48 euros por mes de ayuda de emergencia. Los pagos han exigido, además, una acelerada digitalización de los canales del Estado.

Hasta julio, el 96,5% de los recursos habían sido transmitidos por medio electrónico, según informó Pedro Guimarães, el presidente de Caixa Econômica Federal, responsable de hacer llegar los recursos a los ciudadanos. Con ello, “se evita la aglomeración de personas en tiempos de pandemia”, dijo el funcionario.

Digitalizar todo

En tanto, Guedes continúa intentando reformar el Estado para reducir el costo de su funcionamiento. Tras desmentir versiones sobre su alejamiento de la administración de Bolsonaro debido al inesperado giro en la política, el economista dijo este miércoles (9) que las reformas administrativas que propone significarán un ahorro de casi 50.000 millones de euros en la próxima década. 

Uno de los ejes de la reforma es la digitalización de la estructura estatal y la reducción de salarios de los agentes públicos. “Vamos a digitalizar todo el servicio público. Los salarios son casi una distribución socialista”, dijo el ministro en un evento en línea sobre el tema. El proceso fue acelerado durante la pandemia y Guedes espera que su proyecto sea aprobado por el Congreso a fin de año, un plazo que hoy parece muy lejano tanto para los millones de pobres que aguardan una ayuda del Estado como para el equipo que comanda el país en pleno agravamiento de la crisis.