sábado, 17 agosto 2019
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Chile debate la “ley Uber” y la modernización del transporte

El Senado debate una ley que trata a las compañías tecnológicas Uber, Cabify y similares como firmas de transporte. Los empresarios consideran que afectará negativamente a su eficiencia, mientras la comisión que asesora al gobierno recomienda “modernizar todo”.

25 de mayo de 2019. 00:00h Carlos Turdera (LATAM)
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Los conflictos que provocó la llegada de Uber a muchas ciudades, cuando sus conductores confrontaban -incluso en la propia calle- con conductores de servicios tradicionales de coches, ahora se han trasladado a unos ámbitos más recatados, pero de no menos pujas.

Tal es el caso de Chile, donde el Senado debate un proyecto de ley para reglamentar y tributar aplicaciones tecnológicas como Uber y Cabify. Empresarios consideran que, tal como está, el proyecto significará la pérdida de fuente de ingresos para los conductores y la extinción del servicio.

La iniciativa que los legisladores han recibido contiene una serie de exigencias, tanto para los conductores como para los vehículos, que han llevado a Uber a proyectar una reducción del 80 % en la cobertura de la plataforma y un aumento del 300 % en las tarifas, lo que tornaría inviable su funcionamiento.

Conductores en extinción

“Contamos con diferentes procesos para verificar las cuentas de los socios conductores al registrarse, desde documentos oficiales que confirman su identidad, hasta documentación para confirmar el registro de su auto”, dijo Uber Chile recientemente en su cuenta oficial de Twitter.

La declaración alude, aunque sin mencionarlo, a los requisitos de seguridad listados en el texto, que ya fue aprobado por Diputados y cuya entrada en vigencia significaría la baja de “unos 70 mil socios conductores”, según datos entregados por la compañía de capital holandés a la prensa.

Esa cifra representa el total de conductores de la aplicación en 2018, de acuerdo con lo informado entonces por el gerente de Asuntos Gubernamentales de Uber Chile, Nicolás Sánchez, que cuestiona ahora la exigencia de licencia profesional y el plazo de tres meses para registrar chóferes.

Inclusión de taxis

En efecto, Sánchez dijo, al exponer en una audiencia en el Senado, que la iniciativa de regulación “es de los años setenta” y que demoraría “de siete a diez años para que todos esos conductores (que se quedarían al margen de la ley) migren hacia el mecanismo actual de licencias”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Transportes del Senado, Francisco Chahuán, dijo que “es correcto” exigir licencias. “Es necesario que haya un estándar de licencias profesionales para los conductores de la locomoción colectiva o de las aplicaciones colaborativas”, dijo el legislador.

Ignacio Gutiérrez, gerente de Cabify Chile, otra de las transnacionales que operan allí, dijo que la iniciativa “es un buen proyecto”, aunque resulta perjudicial para los conductores que no poseen licencia, según declaraciones al Diario Financiero reproducidas por la prensa local.

Modernizar todo

Otras dos empresas similares también serán alcanzadas en territorio chileno por la ley, Beat y Didi, cuyos dirigentes se han manifestado por una solución que atienda a los conductores de apps y también a los taxistas tradicionales, argumentando que así se beneficiarán todos, inclusive los usuarios.

Por último, la Comisión Nacional de Productividad, que asesora al gobierno en el debate del Senado, recomendó a los legisladores, lisa y llanamente: “modernizar a todo nivel el sistema”, tras considerar que, si bien el proyecto es perfectible, el propio Ministerio de Transporte “tiene baja tecnología para fiscalizar a esta industria” que, estima, contará con alrededor de 100.000 conductores en 2020.