La firma sevillana AZVI deberá aguardar el veredicto de la justicia mexicana para saber cuándo -y si- podrá continuar las obras del Tren Maya, el "principal proyecto de infraestructura, desarrollo socio-económico y turismo del presente sexenio", según lo calificó el Gobierno de Andrés López Obrador.

Ocurre que comunidades locales presentaron demandas legales debido a que el trazado propuesto, 1554 kilómetros de ferrovías en el sureste del país, pasa por territorio ocupado por pueblos mayas y las empresas no presentaron informes completos sobre su impacto ambiental, señalaron las organizaciones demandantes.

Turismo y empleo

El proyecto oficial es instalar un servicio ferroviario que funcione como corredor turístico en la Península de Yucatán, uniendo cinco estados de la zona. La inversión estimada fue de 6.150 millones de euros y AZVI es parte del consorcio (con la constructora local GAMI) que ganó la licitación internacional para construir el tramo 3.

La polémica viene desde 2019, cuando el Gobierno realizó una consulta entre las comunidades para presentar el proyecto y obtener su aprobación. La metodología fue criticada debido a que no se informó el impacto ambiental de la obra, según admitió en aquel momento Víctor Toledo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente.

Las obras se iniciaron en junio 2020 con controversia también en materia de empleos. En plena pandemia, cuando se estimaba que el país perdería 1,9 millones de puestos, López Obrador dijo que crearía 2 millones de plazas. El instituto oficial de estadísticas (Inegi) dijo, sin embargo, que se perdieron 12,5 millones de empleos en abril.

Suspensión judicial

En octubre, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, reportó que existen 2.187 ruinas prehispánicas o cúmulos de artefactos arqueológicos a lo largo de la ruta propuesta para el tren. Entre los monumentos, el relevamiento realizado con láser LiDAR detectó 91 estructuras de gran escala, como plazas, pirámides y plataformas de templos.

Un tribunal había solicitado la suspensión temporaria de las obras para estudiar los informes cuestionados y el lunes (22), el Juzgado Tercero de Yucatán, una de las áreas donde se quiere construir centros urbanos, concedió la suspensión definitiva del proyecto, además de pedir a las autoridades abstenerse de realizar nuevas obras. 

El grupo de defensa Kanan Human Rights, uno de los que cuestiona el proyecto, dijo que la suspensión es un paso importante para garantizar la transparencia y la participación pública. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dijo que la oferta del consorcio ganador "presentó la mejor propuesta técnica y económica".

La suspensión definitiva sólo es válida para obras nuevas. Ello significa que Fonatur y Semarnat, los organismos oficiales que llevan adelante el proyecto, podrán continuar con el mantenimiento de las vías preexistentes. Además, hasta que el juzgado defina el amparo de fondo, los organismos también pueden presentar impugnación.