Cuando un país experimenta una fase de desarrollo muy rápido, como es el caso de China desde hace varias décadas, se produce un descenso del nivel de pobreza (éxodo rural) pero, al mismo tiempo, la transformación de la economía y la sociedad provoca un aumento de las desigualdades. Este es un problema que las organizaciones internacionales destacan como un factor de riesgo para el ritmo y la sostenibilidad del crecimiento futuro. Una fuerte desigualdad puede conducir a una escasa inversión en capital humano (educación y sanidad) y llevar a los políticos a adoptar medidas populistas en lugar de aplicar reformas estructurales.

Los indicadores de desigualdad deben utilizarse con cuidado, ya que las fuentes suelen ser incompletas y las diferencias entre los sistemas fiscales y de seguridad social dificultan las comparaciones entre países. Dicho esto, no se duda de que existan grandes desigualdades en China. En cuanto a la desigualdad de ingresos, como ilustra el índice de Gini, China ocupa un lugar bastante alto en la jerarquía mundial. Está por debajo del caso excepcional de Brasil, pero más o menos al nivel de países como Estados Unidos y Rusia, que no son las sociedades más igualitarias, y muy por encima de economías avanzadas como Japón o Europa (gráfico lhs, Banco Mundial). 

De forma más anecdótica, en los últimos años varios multimillonarios chinos, a menudo al frente de grandes empresas tecnológicas, han ascendido en la clasificación internacional de las personas más ricas del mundo. Las fuentes de estas desigualdades son el acceso a un sistema educativo de calidad y la distribución de la población entre zonas rurales y urbanas.

En China, donde todo es supervisado de forma exhaustiva por el Partido Comunista, la lucha contra la desigualdad puede justificar medidas destinadas a reducir el consumo excesivo o la especulación inmobiliaria. Esto explica algunas medidas recientes destinadas a reforzar la regulación del sector tecnológico o de la enseñanza privada. Las motivaciones políticas nunca están muy lejos. Así ocurrió en la campaña anticorrupción de 2012-2013 (caída de Bo Xilai, entonces posible sucesor del presidente Hu Jintao). Es obvio que los actuales gobernantes ven con desagrado que las empresas privadas puedan acceder a datos sobre el comportamiento de las personas de forma masiva.

Para las organizaciones internacionales, la forma de abordar la desigualdad es a través del sistema fiscal, en particular haciendo que los impuestos sean más progresivos. El impuesto sobre la renta representa sólo un 5% de los ingresos públicos chinos, frente al 25% de media en la OCDE. La mayor parte de los ingresos proviene de los impuestos del tipo IVA sobre el consumo de bienes y servicios. En 2018, una reforma del impuesto sobre la renta agravó el problema al reducir la base imponible y crear ciertas exenciones. El FMI recomienda constantemente avanzar en la otra dirección, ampliando el número de contribuyentes y reduciendo las distorsiones que pesan sobre las rentas bajas. Según las estimaciones del FMI, el tipo impositivo sobre el trabajo para el 10% de la población con rentas más bajas se sitúa por encima del 60%, mientras que alcanza un mínimo de alrededor del 10% en el segundo decil de empleados mejor pagados. Otra vía para reducir la desigualdad es desarrollar los sistemas de seguridad social (desempleo, sanidad, educación). China sólo dedica a ello unos 8 puntos del PIB, frente a algo más de 10 puntos en otros países emergentes y casi 15 puntos en los países de la OCDE. Otra vía que se discute es la fiscalidad del capital, en particular de la propiedad.