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La necesidad de la identificación digital en el escenario post Covid-19

José Villalba Guerrero, General Manager & COO en Electronic ID y vocal de onboarding digital de AEFI

13 DE julio DE 2020. 09:35H José Villalba Guerrero

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La necesidad de personación física ha sido siempre una condición indispensable para verificar la identidad de las personas y comenzar una relación de confianza con total garantía. En este sentido los certificados electrónicos cualificados, que son nuestra identidad digital plena en la red, aunque presentes desde finales de los 90 en nuestra legislación, han tenido una penetración muy pequeña en la sociedad, quedando su uso relegado principalmente a profesionales que necesitan de este canal para tratar con la administración.  

Existen dos motivos principales por lo que esto ha ocurrido. El primero, la dificultad en la obtención de los certificados, que obliga, aún hoy en día, a la personación física para su obtención, necesitando de cita previa y varios actos para acabar haciendo la fila correspondiente ante el estamento que los otorga. La segunda es la dificultad de uso, que implica ciertos conocimientos sobre la tecnología y cierta rigidez de uso. Esta visión obsoleta, que data de los 90, no se corresponde con las necesidades en el nuevo escenario post Covid-19, donde la transformación digital de la sociedad se esta acelerando y la tecnología ha evolucionado permitiendo otorgar estos certificados electrónicos cualificados por medios totalmente online y con las mismas garantías de seguridad que el cara a cara, como ya hacen países de nuestro entorno desde hace 3 ó 4 años. 

En este nuevo escenario tan oscuro que se nos presenta, nadie entiende que no se impulse desde la administración el uso de tecnologías que facilitarían la recuperación económica, tales como el uso masivo de una identidad digital. Un estudio reciente del IE cifra en un 13,6% el PIB que podría liberar un estado que extendiese la identidad digital en todas sus posibilidades. Imagine poder realizar multitud de tramites con la Administración, sin desplazarse desde la España vaciada y eliminando retrasos. Dar de alta empresas desde el sofá de casa o el acceso a servicios de justicia como las notarias, sin el desplazamiento y la espera que conlleva, o la renovación del DNI, en época de vacaciones, o el pago de impuestos o incluso un voto electrónico…. España no supera el 20% de madurez en la digitalización de la administración, por lo que queda mucho campo por recorrer en lo público y esto desarrollaría rápidamente el sector privado. 

Adicionalmente a lo anterior, el uso masivo de esta identidad digital ayudaría a aflorar la economía sumergida, que según técnicos de hacienda asciende a 254.000 millones de euros en España. Otros países como Italia ya están con proyectos piloto que permiten desmaterializar pagos para que esta economía sumergida aflore…Actualmente, existen dos proyectos de ley en tramitación -uno sobre determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y otro sobre medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 que versan el primero, o incluyen el segundo, el acceso y el uso de esta identificación digital. 

Ambos se miran desde el Gobierno con un prisma ‘eminentemente técnico’, aunque lo que nos jugamos no tiene que ver con la tecnología, si no mas bien con el desarrollo de una nueva economía en el tan ‘cacareado cambio del modelo productivo’, no obstante, plantear estas leyes desde un punto de vista seguidista de lo que han hecho otros países, o con estrechez de miras de las posiciones ‘técnicas’ de los funcionarios, nos hará perder las ventajas competitivas e innovadoras que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico y que introdujo el SEPBLAC en el año 2017, impulsando una industria tecnológica puntera en Europa, que se basa en la normativa eIDAS (acrónimo de electronic IDentification, Authentication and trust Services), que establece un marco jurídico común en la UE para los servicios de confianza y los medios de identificación electrónica y que se encuentra vigente desde 2016. 

Es cierto que los cambios introducidos por la regulación eIDAS pueden suponer una verdadera revolución digital para el ciudadano, la administración pública y las empresas, impulsando la economía y liberando recursos del PIB. Esta ley no es algo ‘técnico’ que afecta solamente a firmas electrónicas e identificaciones digitales para dar de alta a usuarios o clientes de forma remota, sino que también influye directamente en el día a día de las personas. Por ello, es necesario que España impulse y desarrolle adecuadamente los aspectos de acceso y uso de la identidad digital cuanto antes, aprovechándose de las ventajas competitivas que ya le otorgó la innovación del SEPBLAC en 2017 y siendo pionero en el mercado único europeo de la identidad digital que se abre paso. Cada día de retraso será una oportunidad perdida. 



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