En septiembre pasado, el gobierno alemán emitió su primer bono verde. A pesar de los tipos de interés nulos, la demanda de los inversores ascendió a 33.000 millones de euros, mucho más que los 6.500 millones de euros finalmente ofrecidos. Al mismo tiempo, el Grupo Allianz anunció que había realizado su compra número 100 de […]
| 10 mar 2021
En septiembre pasado, el gobierno alemán emitió su primer bono verde. A pesar de los tipos de interés nulos, la demanda de los inversores ascendió a 33.000 millones de euros, mucho más que los 6.500 millones de euros finalmente ofrecidos. Al mismo tiempo, el Grupo Allianz anunció que había realizado su compra número 100 de un parque de energía renovable, 15 años después de adquirir su primer parque eólico. Las inversiones totales de Allianz en energías renovables se están moviendo hacia la cifra de los 8. 000 millones de euros.
Estos son solo dos indicios del creciente apetito de los inversores por inversiones respetuosas con el clima.
Las cifras totales son aún más impresionantes: en 2019 se emitieron bonos verdes por valor de alrededor de 100.000 millones de euros en Europa; las inversiones en nuevas turbinas eólicas ascendieron a 19.000 millones de euros.
Por tanto, es justo decir que existe un gran apetito entre los inversores por las inversiones ecológicas. Cuando se presentó su Plan de Inversión Green Deal a principios de 2020, la Comisión Europea había identificado un requisito financiero de 1 billón de euros durante los próximos 10 años, que se obtendría conjuntamente de la inversión pública y privada. El número parecía gigantesco, pero en relación con las sumas mencionadas anteriormente, parece mucho más razonable.
De hecho, el exceso de demanda es tan grande que me preocupa más una "bonanza verde" que la falta de recursos económicos. La regulación no debería centrarse en fomentar aún más inversiones; esto solo aumentaría el desequilibrio. Más bien, se debe fortalecer el lado de la oferta, es decir, la disponibilidad de inversiones sostenibles.
Los grandes inversores, como los fondos de pensiones y las compañías de seguros, ya ven el "lavado verde" como un problema creciente. Por lo tanto, la regulación debe tener como objetivo primordial clasificar claramente las actividades económicas como “verdes” o sostenibles. Es igualmente importante posibilitar las comparaciones entre distintas empresas, porque la mayoría no son simplemente "verdes" o "marrones" sino que están en el camino de la neutralidad climática. Acompañarlas, cuestionarlas y orientarlas en este camino es una preocupación central para los inversores sostenibles. Por tanto, es fundamental definir y regular el reporting de las empresas, lo que a su vez permitiría a los inversores monitorear el compromiso continuo de esas empresas.
Hemos avanzado mucho en términos de un marco para la gestión sostenible, gracias a la taxonomía de la UE, que define si una actividad económica puede describirse como ambientalmente sostenible. A partir de enero de 2022, las empresas e instituciones financieras deberán dar a conocer en qué medida se utilizan sus actividades y productos financieros para luchar o adaptarse al cambio climático, según la taxonomía.
Los inversores planifican a largo plazo, por lo que es muy importante que esta clasificación esté "abierta a la innovación". Si las nuevas tecnologías o procesos están listos para el mercado en unos pocos años, estos inversores querrán aprovechar cualquier oportunidad en una etapa temprana, en lugar de ser detenidos en tecnologías "antiguas" por clasificación regulatoria. ¿Quién puede decir hoy si la tecnología del hidrégeno se habrá establecido en 10 años? ¿O cuánto pudo haber aumentado la eficiencia de las baterías? Por eso la taxonomía debe poder adaptarse a los rápidos avances tecnológicos.
Nuestros requisitos para el seguimiento continuo se basan en dos prioridades. Por un lado, queremos saber cómo afecta al medio ambiente la actividad de las empresas que observamos. La divulgación de las empresas en relación con los factores ASG, y los factores climáticos en particular, a menudo no es suficiente. Por encima de todo, los datos suelen ser exclusivos de esa empresa específica y, por lo tanto, no se pueden comparar con sus pares. En el caso de las empresas que no cotizan en bolsa, estos datos a menudo no están disponibles en absoluto. Sin embargo, cada vez más inversores exigen información completa y comprensible sobre la huella ecológica de una empresa cotizada o emisor de bonos.
Por otro lado, también queremos saber cómo afectan las influencias ambientales a las empresas. Como administrador de carteras y activos, es nuestro trabajo posicionar las inversiones de nuestros clientes de una manera que proteja y mejore el valor. Tenemos un deber fiduciario con nuestros clientes. Está claro que los riesgos climáticos son particularmente importantes para las estrategias de los inversores a largo plazo. No solo les preocupan los efectos inmediatos, como el calor extremo, las tormentas y las lluvias, que ya han aumentado de forma apreciable. Los llamados riesgos de transición que plantea el cambio hacia una economía baja en carbono, para las industrias y las empresas, y también para estados enteros, también pueden desempeñar un papel crucial en la evaluación de una inversión.
Idealmente, las empresas entregarían sus datos de informes relacionados con el clima a una base de datos central de la UE a la que tienen acceso los inversores y sus gestores de activos. Pero hay que reconocer que es poco probable que esto suceda en un futuro próximo.
En resumen, los inversores están preparados y pueden desempeñar un papel importante para ayudar a la transformación de la economía hacia la neutralidad climática, y los gestores de activos están dispuestos y son capaces de dirigir fondos hacia las aplicaciones más eficaces. Sin embargo, la disponibilidad y transparencia de datos comparables ayudaría a avanzar más con el fin de permitir una clasificación estandarizada y un seguimiento continuo de las inversiones.
