El informe World Energy Outlook 2019 (WEO, Perspectiva Mundial de la Energía 2019), de la Agencia Internacional de la Energía ya contemplaba fijar un precio global al CO2 que llevaría a un "escenario sostenible". 

En este informe se estimaba cómo afectaría a la demanda de energía al alterar los costes relativos del uso de diferentes combustibles En este sentido, en el escenario de un desarrollo sostenible se suponía un precio del CO2 más alto y amplio, que aumentaría a 140 dólares por tonelada en 2040 en las economías avanzadas y a 125 dólares por tonelada en las economías en desarrollo como el Brasil, China, Rusia y Sudáfrica. 

Esto contrasta con el precio del carbono permitido por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, que ha oscilado entre 27 y 29 dólares/tonelada en los últimos dos años. Otros mercados de carbono difieren en sus niveles, pero aun así presentan una enorme brecha con el objetivo de la AIE.

Es aquí donde debería ponerse en marcha actualmente un mecanismo de fijación de precios del carbono junto con un estímulo fiscal para una recuperación ecológica selectiva. Esto permitiría cerrar la brecha y evitar el efecto indirecto del gasto público o las exenciones fiscales que apoyan las actividades intensivas en carbono. 

Los 28 mecanismos actuales de fijación de precios del carbono que existen en el mundo son desiguales en cuanto al precio y la cobertura de las emisiones. De hecho, según el Banco Mundial, sólo una quinta parte de las emisiones mundiales están sujetas a un precio del carbono fijado. 

Los planes locales (específicos de cada país) o regionales (Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, EU ETS) se administran actualmente de forma independiente sin arreglos globales. La probabilidad de llegar a un sistema de comercio de emisiones global no está todavía sobre la mesa. Por ello, la UE está explorando una solución para evitar la fuga de carbono. De hecho, se prevé una propuesta para el verano de 2021 de un impuesto de ajuste fronterizo al CO2, como parte del Pacto Verde Europeo. Este mecanismo gravaría las importaciones de los sectores de alta intensidad, para garantizar que los productores europeos no se encuentren en desventaja y no cambien de jurisdicción cuando los costes del cumplimiento de las normas sobre el carbono sean menores. Hasta ahora, la fuga de carbono se ha abordado con la asignación gratuita y la compensación de los costes indirectos, mientras que el precio del carbono ha estado relativamente bajo. 

Los sectores a los que se dirigiría son el acero, el cemento, el aluminio y la energía. Representan el 45% de las emisiones de la UE y 2/3 de las emisiones del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, divididas de la siguiente manera.

Existen diferentes formatos para poner en marcha el impuesto fronterizo al CO2, siendo el más probable que se amplíe el alcance del actual programa del RCCDE (Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero), en el que los importadores comprarían derechos de emisión para compensar las emisiones incorporadas de jurisdicciones externas. Esto tiene la ventaja de reducir la discriminación comercial, ya que los productores nacionales e internacionales pagarían el mismo precio, y no requiere la unanimidad de los Estados miembros, que ha sido el problema en los intentos fallidos de 2009 y 2016. 

A nivel local, esto permitiría financiar parcialmente las inversiones en transición energética requeridas en el marco del acuerdo ecológico y/o participar en el plan de recuperación. Fuera de las fronteras de la UE esto tendría un efecto de igualdad de condiciones, acelerando la reducción de las emisiones de carbono de los antiguos productores de la UE.