En todos los sectores económicos, es urgente que los participantes de la industria se unan a la transición para alcanzar las cero emisiones netas («cero neto») y lograr cambios a nivel social. Cada vez más, los inversores deben analizar las empresas desde diferentes perspectivas con el objetivo de evaluar su impacto social y medioambiental, además […]
| 13 abr 2022
En todos los sectores económicos, es urgente que los participantes de la industria se unan a la transición para alcanzar las cero emisiones netas («cero neto») y lograr cambios a nivel social. Cada vez más, los inversores deben analizar las empresas desde diferentes perspectivas con el objetivo de evaluar su impacto social y medioambiental, además de la rentabilidad.
Impulsado por la falta de avances en este ámbito, el Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés) entró en vigor en marzo de 2021 con el objetivo explícito de abordar el «ecoblanqueamiento» o greenwashing y fomentar una mayor transparencia en el sector financiero. Un año después, evaluamos su implementación y señalamos las áreas de la inversión responsable que deben desarrollarse aún más.
A pesar de la importancia de que el sector financiero sea capaz de proporcionar a los clientes información clara sobre la inversión responsable, la regulación no había abordado esta cuestión antes de la implementación del Reglamento SFDR.
Por eso, acogimos con satisfacción este reglamento como un paso en la buena dirección, puesto que ayuda a los inversores minoristas e institucionales a entender mejor el grado de responsabilidad con el que se gestionan sus carteras. Esta nueva legislación ha animado a los inversores a poner el foco en la inversión responsable y ha sido una llamada de atención para los fondos que han tardado en actuar en relación con el cambio climático y otras cuestiones de sostenibilidad claves.
Sin embargo, el Reglamento SFDR ha añadido una capa de complejidad a la inversión responsable y, como resultado, persisten las discrepancias y las áreas grises.
Si pensamos en la inversión responsable como un rango, por su propia naturaleza, los marcos regulatorios pueden difuminar algunos matices de ese rango.
Lo que para un inversor es «inversión responsable», para otro puede ser «inversión sostenible» y lo que uno denomina «integración de los factores ESG», otro lo entiende como «inversión de impacto». Ante la falta de estandarización, se hace necesario que los términos relacionados con la inversión responsable se definan claramente, para garantizar cierta coherencia en todo el entorno de inversión.
La calidad y la consistencia de los datos también resultan extremadamente importantes. Las discrepancias entre los proveedores de datos y la creciente necesidad de contar con más datos de empresa de carácter prospectivo y basados en escenarios siguen representando un problema. El Reglamento SFDR aborda los requisitos de información y transparencia que debe cumplir la industria de gestión de activos, pero la aportación de datos por parte de las empresas sigue siendo voluntaria e imperfecta.
Es necesario que los principales grupos de interés se coordinen a nivel mundial para establecer obligaciones en materia de información sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). La publicación obligatoria de datos corporativos de alta calidad, estandarizados y consistentes podría ser un factor clave para potenciar la confianza de los inversores en los productos y vehículos de inversión en los que invierten.
De forma instintiva, muchos inversores sienten que una empresa en transición no puede ser considerada sostenible. Hasta ahora, las empresas con las mejores calificaciones medioambientales o sociales han concentrado gran parte de los flujos de inversión responsable, pero esto puede dar lugar a un riesgo de concentración.
Hay grandes segmentos de la economía que aún tienen que alinearse con el objetivo del cero neto y es posible que, en base a estándares regulatorios como el Reglamento SFDR, los inversores eviten por completo muchos de los sectores para los que la transición es más difícil, es decir, aquellos que presentan una alta intensidad de carbono y para los que la descarbonización resultará muy costosa (los conocidos como «hard to abate» en inglés). Sin embargo, estos sectores –por ejemplo, el sector químico, el del acero, el del cemento o los vehículos pesados– son cruciales para el crecimiento económico futuro. Para que el conjunto de la economía participe globalmente en la transición al cero neto, estas empresas deben encontrar formas de descarbonizar sus actividades y, para hacerlo, necesitan urgentemente capital de inversión.
La pandemia ha traído al primer plano las cuestiones sociales, así como la importancia de la igualdad y de una «transición justa» para todos. Las empresas capaces de demostrar que cuentan con un buen gobierno corporativo, que están comprometidas con una gestión medioambiental responsable y que son progresistas en términos sociales resultan cada vez más atractivas para los inversores.
Estamos viendo que la biodiversidad y las cuestiones de índole social ganan presencia en la agenda política, tal y como ha ocurrido con el clima en los últimos años. Aun así, sigue siendo tremendamente complejo medir e informar sobre cuestiones sociales o relacionadas con la naturaleza en el marco de una estrategia de inversión. Como los valores sociales pueden variar sustancialmente de una región a otra, no parece que aplicar el mismo enfoque de inversión en diferentes mercados funcione a corto plazo.
Es imperativo que la comunidad inversora tenga en cuenta los aspectos sociales, ya que la transición al cero neto está íntimamente ligada a los impactos sociales. El último informe del IPCC establece una relación directa entre el clima, los ecosistemas (incluida la biodiversidad) y la sociedad humana. Esperamos que en 2022 los reguladores se centren en definir claramente una clasificación o taxonomía social más significativa.
En última instancia, la inversión responsable debería pasar a ser algo convencional y formar parte de todas las inversiones. En el futuro, esperamos que se le preste más atención a identificar a aquellas empresas que ahora mismo no son best-in-class, pero que están en plena transición para reducir sus emisiones de carbono o están adoptando políticas para mejorar su impacto medioambiental o social. El Reglamento SFDR es un paso en la buena dirección, pero el sector de la gestión de activos aún debe superar muchos obstáculos.
